El gobierno de Mieres confirmó ayer que tendrá que desembolsar 550.000 euros para hacer frente a las denuncias presentadas por los 31 trabajadores del plan de empleo de 2015 y que reclamaron por la vía judicial su reincorporación al Ayuntamiento tras realizar tareas propias del personal fijo municipal percibiendo sueldos sensiblemente inferiores. Es decir, cada demanda le costará al consistorio una media de cerca de 18.000 euros.
Este periódico ya adelantó hace semanas que el coste de las denuncias podría alcanzar el medio millón de euros. La cantidad final ya está cerrada y es de 550.000 euros. El gobierno local está muy molesto con el Principado, promotor del plan de empleo. Para empezar, los dirigentes de IU no han olvidado las críticas que recibieron a principios de año por renunciar a la nueva convocatoria del plan de empleo: "El tiempo ha demostrado que no estábamos equivocados y los ayuntamientos que optaron por seguir adelante se han dado cuenta del error que cometían", apuntaron los portavoces del gobierno local. Además, el equipo de Aníbal Vázquez no comprende que el Principado les hubiera comunicado que si el nuevo plan de empleo, que finalmente Mieres no convocó, hubiera generado nuevas denuncias desfavorables, "además de pagar las indemnizaciones hubiéramos tenido que devolver la subvención". En este contexto, el gobierno de Mieres decidió a principios de año renunciar al nuevo plan de empleo autonómico para evitar una nueva cascada de denunciar a su termino.
Con el pago de los 550.000 euros se evitará que estos desempleados pasen a engrosar la plantilla laboral del consistorio, pero el coste económico será alto. A esta cantidad hay que sumar las devoluciones pendientes de pago a los trabajadores laborales que en su momento también acudieron a los tribunales, igualmente con éxito, para reclamar los conceptos salariales que les fueron suspendidos en el plan de ajuste de 2012.
Esta ola de denuncias laborales ha impedido a los responsables municipales abordar la tramitación del presupuesto de este año. Al menos, esa es la explicación que han dado los dirigentes de IU. Desde la oposición se ha criticado esta postura y se ha responsabilizado al gobierno local de una mala gestión, sobre todo en los que concierne a las denuncias del personal laboral, cuyo coste ronda los 1,3 millones.
