La Empresa Municipal de Transportes de Mieres (Emutsa) se enfrenta hoy al consejo de administración más crítico de cuantos se han celebrado a lo largo de sus 60 años de vida. Una vez que el Ministerio de Hacienda ha dado por liquidada a la empresa, reclamando un acuerdo plenario que lo confirme, gobierno, partidos, sindicatos y vecinos han hecho piña en favor de la supervivencia de la compañía. Sólo el PP, de momento, guarda silencio. Y es que la misiva del Gobierno central es terminante. El Ayuntamiento tenía 15 días para cumplir la ley y dar por finiquitada la empresa. Teniendo en cuenta que la carta llegó el 21 de julio, el ultimátum acaba hoy. Es imposible que el gobierno local cuente a lo largo de la jornada con el informe jurídico que ha solicitado para establecer una hoja de ruta. Es decir, Emutsa está al borde mismo del precipicio y el Ayuntamiento desconoce hasta qué punto está en condiciones de evitar la mortal caída.
El movimiento vecinal de Mieres ha convocado para esta mañana, coincidiendo con la reunión del consejo de administración, una concentración para exigir la continuidad del servicio. "El planteamiento del Ministerio es inaceptable y rechazamos tajantemente que la empresa deje de prestar servicios, al igual que defendemos la continuidad de los puestos de trabajo", señaló ayer Ángel Luis Rubio, presidente de la Federación de Vecinos.
Los usuarios de Emutsa están convocados en el Ayuntamiento a las diez de la mañana. A esa hora empezará el consejo de administración. El gobierno local de IU informará a sindicatos y grupos políticos de la situación en que se encuentra la empresa. La carta enviada por el Ministerio de Hacienda, a la que ha tenido acceso este periódico, es clara. En tono duro, el Ministerio esgrime que la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada en 2012, contempla la disolución automática de las entidades públicas deficitarias y que la propia ley recogía que aquella que el 1 de diciembre de 2015 no hubiera corregido su situación no podrá realizar ninguna otra actuación que no fuera la aprobación de su desaparición. Fuentes ministeriales puntualizaron ayer que lo único que han hecho es solicitar "información" al Ayuntamiento. Si bien es cierto, la información que reclaman es el acta plenaria que atestigua la "extinción" de la empresa. Además, el escrito recalca la "responsabilidad personal" del Alcalde en caso de incumplimiento.
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