El futuro del camping de La Raya (Aller) es incierto. Los familiares del constructor de las instalaciones, Silvino Cordero, llevan cuatro años en desacuerdo con el Ayuntamiento. La Corporación, amparada por el criterio de los técnicos, defiende una nueva licitación del equipamiento. La familia, en cambio, busca la subrogación del contrato y seguir con la gestión de las instalaciones. Acudieron al Juzgado, pero no hubo solución. Ahora el Ayuntamiento ha abierto un procedimiento civil para desahuciar el camping. El equipamiento, actualmente, funciona con normalidad y tiene una veintena de campistas.
Corría el año 1985. Silvino Cordero, emprendedor allerano, vio el negocio de la nieve antes que nadie. Así que acudió al Ayuntamiento, pidió ocupar una parcela y acabó construyendo el camping. El negocio creció y lo completó con una cafetería y varios apartamentos rurales, todos levantados en suelo municipal. Aquel contrató que firmó con el Ayuntamiento de Aller era renovable, pero tenía una cláusula imposible de salvar: a su muerte, la finca retornaría al Consistorio. Las instalaciones, en el momento que volvieran al Ayuntamiento, serían derribadas o se sacarían a concurso para hallar un gestor.
Silvino Cordero falleció en noviembre de 2012 y el Ayuntamiento concedió un periodo de gracia para facilitar el desalojo de los usuarios. Unos meses más tarde, a través de una propuesta plenaria, el gobierno local (PSOE) inició los trámites para comunicar el fin del contrato a los herederos de Silvino Cordero. Tal y como dictaba el acuerdo, tenían dos opciones: tirar lo que Silvino Cordero había construido con tanto esfuerzo, o dejarlo en manos del Ayuntamiento para redactar un nuevo pliego de licitación.
Los herederos respondieron al Ayuntamiento con un "no" rotundo y se niegan a dejar las instalaciones. Acudieron al Juzgado para iniciar un procedimiento Contencioso-administrativo contra la decisión municipal. El Ayuntamiento allerano decidió dejar las instalaciones abiertas mientras esperaban por el fallo, buscando la mejor solución posible para los campistas. Hace unas semanas, recibieron una respuesta del Juzgado. Y nueva vuelta de tuerca para la situación: "Nos dicen que la subrogación no tiene legalidad y, por lo tanto, nos invitan a iniciar un procedimiento civil para acometer el desahucio", explicó el alcalde del concejo, David Moreno. Los primeros pasos para ponerlo en marcha ya se están dando.
Los que más sufren esta situación son los campistas. Llevan cuatro años en vilo, esperando a una decisión judicial y ahora a unos trámites administrativos. Algunos llevan quince años con sus caravanas asentadas en el lugar, en el alto del puerto de San Isidro: "No sabemos dónde la podremos llevar", aseguran los usuarios del camping, que reclaman "consideración" al Ayuntamiento porque "el cierre del camping supondrá el final de muchos recuerdos".
