14 de agosto de 2016
14.08.2016

El Tribunal de Cuentas investigará el contrato del plan informático de Langreo

El órgano fiscalizador, que había decidido no intervenir, ha retomado el caso tras recurrir el Ayuntamiento para defender "el interés público"

14.08.2016 | 05:42
Una joven consulta la web del Ayuntamiento de Langreo.

El Tribunal de Cuentas ha reabierto la investigación sobre la contratación del anterior plan informático del Ayuntamiento de Langreo tras el recurso presentado por el propio Consistorio hace unas semanas. El órgano fiscalizador, en una primera valoración, no había apreciado "supuestos constitutivos de alcance", constando la "imposibilidad de cuantificar lo ejecutado". Sin embargo, el gobierno local presentó un recurso amparado en la "defensa del interés público" y por el pago de 213.000 euros "por unos servicios que no recibimos", como había señalado el alcalde, Jesús Sánchez.

Los hechos se remontan a 2010, cuando la socialista Esther Díaz era alcaldesa de Langreo. El caso fue destapado tras una denuncia de Izquierda Unida (IU), que alertó al fiscal de la existencia de presuntas irregularidades. Las investigaciones se centraron en la firma del acta de recepción de los servicios de las fases III y IV del plan informático municipal, que fue adjudicado a la empresa Andago Ingeniería, sin que el trabajo estuviese terminado y por el que se pagaron 213.000 euros de dinero público. Dentro de la responsabilidad contable, el concepto de alcance anteriormente citado se refiere al "saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos", según refleja la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

El órgano fiscalizador anunció ayer, a través de un edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), que en dicho tribunal "se sigue juicio con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos, como consecuencia de diversas irregularidades en relación con el contrato de servicios de administración electrónica". El anuncio se realiza con la finalidad de que "los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro de un plazo de nueve días". Jesús Sánchez aseguró ayer que este edicto confirma que el tribunal admitió el recurso presentado por el Ayuntamiento.

Este proceso también siguió una vía penal que fue archivada en 2014 por el juzgado de Langreo. En este caso, la causa era contra un trabajador del Ayuntamiento, responsable del área de Informática cuando se produjeron los hechos, que confirmó que la firma en la recepción de los trabajos era suya y que el documento se suscribió a instancias de Graciela Blanco, actual directora gerente del ERA y entonces personal de confianza de Esther Díaz. En el escrito también figuraban las firmas del responsable de la empresa y de Julio César García, edil que falleció en 2012.

El informe de Fiscalía señalaba que al firmar la recepción de los trabajos se evitaba perder una ayuda del 50% del Gobierno.

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