30 de agosto de 2016
30.08.2016
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Langreo ultima el requerimiento para la demolición del viejo cuartel

La reclamación será remitida al Ministerio del Interior y a Sogepsa, que se enfrentan en los tribunales por la propiedad

30.08.2016 | 04:07
El viejo cuartel de Langreo.

El Ayuntamiento de Langreo ultima el requerimiento que remitirá a Sogepsa (Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo) y la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese), entidad dependiente de Interior, para el derribo del viejo cuartel de la Guardia Civil. El pasado mes se cumplió el plazo fijado por el gobierno local en el pasado mandato al Ministerio del Interior para que rehabilitase el inmueble. El plazo era de dos años.

El destinatario del requerimiento y el periodo a establecer para que se procediese a la demolición fueron dos de las cuestiones que centraron el análisis de los técnicos y los representantes municipales en estas últimas semanas. Finalmente, el ejecutivo municipal ha decidido que la petición se traslade a las dos entidades que suscribieron un convenio para construir el nuevo cuartel y que se enfrentan ahora en los tribunales tanto por la propiedad del viejo edificio como por el pago del IVA de la obra. En caso de que en el plazo marcado no acometan el derribo ni rehabiliten el edificio, el Ayuntamiento lo demolerá de forma subsidiaria.

El Consistorio, de esta forma, derribaría el viejo acuartelamiento y pasaría a continuación los costes a la propietaria del edificio. El pasado 27 de julio, la Audiencia Nacional dictó un auto que obliga a Sogepsa a hacerse cargo del acuartelamiento, que ya no tiene actividad. El tribunal ordena la ejecución provisional de la sentencia del pasado febrero que condenaba a la sociedad regional a asumir la propiedad a pesar de que ésta recurrió al Tribunal Supremo (TS). El Ministerio del Interior había realizado esa solicitud.

Una vez aclarado quienes serían los remitentes del requerimiento, el debate se centró en el plazo que se fijaría para abordar el derribo. Se estudiaron varias posibilidades, valorándose una horquilla que va desde los seis meses al mes. El gobierno local ha apostado desde el principio por fijar el "periodo mínimo legal" para que los propietarios acometan el derribo del viejo cuartel. Su intención es la de convocar una junta de gobierno extraordinaria para trasladar el texto final al resto de grupos políticos en los próximos días.

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