La Junta de Castilla y León (PP) anunció ayer que recurrirá a la Audiencia Nacional para reclamar el pago de al menos 1,1 millones de fondos mineros que fueron adelantados por la administración autonómica y sobre los que ahora el Ejecutivo central anuncia una "pérdida de derecho de cobro". Castilla y León se suma a la batalla judicial por las partidas de reconversión, que ya inició el Principado con dos reclamaciones por 320 millones en total, fallando el juzgado a favor de los intereses asturianos en una de las sentencias.
La portavoz de la Junta, de Castilla y León, Rosa Valdeón, habló de "denegaciones" para referirse a la decisión del Gobierno central, que afecta a tres proyectos realizados en las cuencas mineras entre 1998 y 2012, pero que puede extenderse a una cuantía de ayudas superior, en concreto de 53,7 millones de euros que quedarían pendientes.
La Junta únicamente puede recurrir aquellas resoluciones sobre las que pesa la "pérdida de derecho de cobro", aunque ya ha anticipado que si se produce un "goteo" de notificaciones en el mismo sentido actuarán para intentar recuperar los casi 55 millones de euros que consideran pendientes de recibir del Gobierno central en este concepto.
Los tres convenios que, de momento, se ven perjudicados por esta decisión del Gobierno corresponden al desarrollo de suelo industrial en los municipios leoneses de Igüeña (277.777 euros) y Carrocera (300.000 euros) y la restauración de fachadas de poblados mineros en Villablino (600.000 euros). Las resoluciones del Gobierno llegaron a la Junta de Castilla y León el pasado 27 de julio, por lo que el plazo de recurso contencioso administrativo finalizará el próximo 27 de septiembre para estos tres casos.
Valdeón ha insistido "con toda vehemencia y formalidad" en su crítica al papel desarrollado por el Gobierno central respecto a la minería del carbón y el cumplimiento de su plan.
