Aunque la ya famosa Decisión 787 de la Unión Europea, que obligaba al cierre de minas no competitivas antes del 31 de diciembre de 2018, se tomó en 2010, en pleno Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE no fue quien envió a las autoridades comunitarias el plan de clausura de las explotaciones españolas. Al menos así se desprende de un documento publicado por la Comisión Europea y firmado por la Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. En el texto, se revela que fue exactamente el 7 febrero de 2012 cuando las autoridades españolas enviaron el plan de cierre a Bruselas, fecha en la que acababa de ser investido Mariano Rajoy como presidente. El texto incluye también el plan de cierre enviado por España, aunque sin apenas datos.
En el documento se explica que "las autoridades españolas notificaron electrónicamente el 7 de febrero de 2012, de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una medida de ayuda estatal destinada a financiar el cierre de unidades de producción de carbón". "Numerosos contactos e intercambios de información tuvieron lugar entre los representantes de la Comisión y las autoridades españolas, siendo el último de ellos la presentación por las autoridades españolas el 15 de abril de 2016 de un Plan de Cierre actualizado", revela la UE.
En la descripción de la medida adoptada, Bruselas señala que, "en 1990, el sector en España estaba compuesto por 234 empresas mineras, que empleaban a 45 212 trabajadores y producían 19,32 millones de toneladas de carbón".
Ahora, prosigue, "el descenso de la demanda de carbón resultante de la proliferación de la generación de energía renovable y la presión a la baja sobre los precios del carbón provocada por un exceso de capacidad en los mercados mundiales han puesto en peligro la supervivencia económica de las pocas empresas mineras del carbón españolas que quedan", lo que motivó que "las autoridades españolas adoptasen medidas para garantizar la liquidación ordenada de las actividades mineras de dichas empresas".
El plan de cierre presentando ante la UE incluía, según el documento, 15 empresas mineras: 4 de ellas ya han cerrado todas sus unidades de producción, 2 han cesado la producción y sólo 9 cuentan con unidades en actividad que seguirán en funcionamiento hasta 2018.
Coste millonario
El importe total de las ayudas previstas en el Plan de Cierre se elevaba a 2.128,5 millones de euros. Este dinero serviría para cubrir tanto las pérdidas de producción como los costes excepcionales en virtud de la hoja de ruta para el período 2011-202.
Con la publicación de este documento por parte de la Comisión Europea, se contradicen las declaraciones del ex ministro de Industria, José Manuel Soria, que en reiteradas ocasiones había declarado que el Gobierno había mantenido el plan de cierre presentado por el PSOE. Los socialistas no solamente no enviaron el documento a Bruselas, como se desprende del informe, sino que el PP, además, introdujo ajustes, modificaciones y actualizaciones del documento. Mientras tanto, la minería española sigue desangrándose sin un torniquete que frene la hemorragia.
