Cuando alguien está al borde del precipicio, cualquier piedra a la que agarrarse para evitar la caída es buena. Y esa analogía podría servir para la última maniobra de los sindicatos mineros en su lucha por salvar el sector. Los responsables estatales de FICA-UGT (federación a la que está adscrita el SOMA) y CC OO de Industria han solicitado una reunión urgente con el embajador italiano en España para que medie con la eléctrica pública Enel -accionista mayoritario de Endesa- para que compre carbón español.
Los sindicatos buscan cualquier aliado que pueda dar un respiro al sector, y por ello confían en el embajador transalpino para que transmita al primer ministro Matteo Renzi su petición. Las centrales esperan que el Gobierno italiano pueda mediar para que Enel, eléctrica pública italiana y accionista mayoritaria de Endesa, "reaccione para darle un respiro y un futuro al sector del carbón" español. Tanto UGT como CC OO entienden que la "agonía que sufre la minería del carbón requiere medidas extraordinarias y urgentes", y tras "los incumplimientos del Gobierno del PP", ahora toca apostar fuerte por la baza italiana.
En este sentido, los sindicatos han decidido solicitar al máximo responsable del Gobierno de Italia en España, su embajador, una reunión urgente para exponerle la situación actual de parálisis de compra de carbón nacional "por parte de la empresa pública italiana Enel (antes Endesa)". "El objetivo es lograr que interceda para que la eléctrica compre el carbón necesario en sus centrales térmicas en España (Compostilla y Teruel)", explican las centrales, que entienden que esta medida serviría para "aliviar el problema hasta que el Gobierno de turno cumpla lo acordado y ofrezca una solución definitiva".
Los responsables sindicales esperan que las explicaciones que ofrezcan al embajador sean lo suficientemente convincentes como para lograr "el desbloqueo de la compra de carbón a la que la empresa Enel nos tiene sometidos y, con ello, poder seguir intentando una solución viable al sector del carbón autóctono y a las comarcas mineras".
Por último, los sindicatos mineros criticaron al Gobierno de España, al que acusaron de "trabajar para la definitiva desaparición del sector y convertir en guetos a los territorios carboneros".
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