El Ayuntamiento de Mieres está desafiando los códigos y dogmas sobre los que se sustentan los principios de gestión dentro de la administración pública, en este caso municipal. El actual gobierno local lleva cinco años guiándose sin contar con instrumentos que, en principio, deberían ser básicos para desarrollar la acción política. En concreto, el consistorio lleva siete años sin presupuesto, cinco sin convenio colectivo y el Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) quedó desfasado hace ya más de una década, sin que el proceso de actualización haya culminado aún.

IU accedió a la alcaldía de Mieres en julio de 2011. Desde entonces aún no ha tramitado ni un nuevo presupuesto ni un nuevo convenio colectivo. El primero ha sido sustituido por un plan de ajuste que se aprobó en 2012. Un documento que inicialmente sirvió para enderezar la economía municipal, pero que ha terminado siendo mutilado por los juzgados. En lo que se refiere al marco que rige las relaciones laborales en el Ayuntamiento, hay que decir que el gobierno local negoció y firmó con los sindicatos un nuevo convenio en 2014, pero el documento no terminó de gestarse debido a los informes contrario emitidos por los altos funcionarios locales, algo que conocían todas las partes implicadas de antemano.

En lo que se refiere al documento que debe regir los destinos urbanísticos del concejo de Mieres, el nuevo PGOU lleva varios años estancado y con continuas idas y venidas entre los gestores municipales y la empresa Tecnia. En 2011, con la llegada de IU al gobierno, la coalición su propuso darle un impulso definitivo a la tramitación de un expediente que ya estaba elaborado y que el PSOE había dejado preparado para ser aprobado. Sin embargo, tras revisar el documento, IU decidió incluir nuevas modificaciones, lo que conllevó devolver el proyecto a la empresa adjudicataria para que esta introdujese los cambios necesarios. Sin embargo, esa tarea se ha prolongado por espacio de más de cinco años y aún no ha concluido. Los últimos problemas se han centrado en el Catálogo de Bienes.

Sin presupuesto ni convenio y con el plan urbano totalmente desfasado cabría esperar que el Ayuntamiento de Mieres estuviera al borde mismo del abismo. Sin embargo, IU ha conseguido desarrollar la gestión municipal sin, aparentemente, echar de menos los instrumentos ausentes. De hecho se han conseguido logros notables, como equilibrar las cuentas al tiempo que se hacía frente a sanciones judiciales como la que obligó a pagar a la constructora Goncesco más de tres millones de euros por un contencioso urbanístico que se remontaba a la década de los ochenta. Ahora bien, la oposición reprocha al gobierno local que esto se haya hecho desde la "imposición y el oscurantismo", mientras que los sindicatos sostiene que han sido los trabajadores, con los recortes salariales, quienes han soportado el peso de los ajustes.

La falta de convenio colectivo afecta más a los funcionarios municipales -sobre un centenar- que al personal laboral -algo más de dos centenares-. Los primeros han quedado bajo el paraguas del marco estatal, mientras que los segundos siguen, por mandato judicial, disfrutando de ventajas recogidas en el convenio firmado en 2009 y caducado en 2011. De esta forma se está produciendo un agravio comparativo en el seno de la plantilla, con unos trabajadores cobrando ciertos complementos y otros no. La Policía Local es posiblemente el servicio más perjudicado.

En cuanto a la ausencia de un presupuesto, los técnicos municipales responsables del ámbito económico han logrado hilar fino para mantener el rumbo fijado por IU. El Alcalde ha venido firmando una media de dos decretos al mes para reasignar fondos de unas partidas a otras. Para mantener el equilibrio ante la caída de ingresos, se ha incrementado sensiblemente la presión fiscal, con subidas significativas en facturas como el agua. El gasto, por su parte, se ha recortado, sobre todo en salarios.