El PP defiende y justifica la actuación del Gobierno de España respecto al pago de los fondos mineros. Así lo transmitió ayer el diputado popular asturiano, Ramón García Cañal, quien acusó al Principado y a su gestión de ser el principal culpable de la pérdida de derechos de cobro sobre los proyectos de los fondos mineros.
García Cañal aseguró que "quienes afirman estar peleando desde el gobierno del Principado y el PSOE para la obtención de 68,5 millones de euros para la financiación del soterramiento de Feve en Langreo o la mejora de la carretera de Infiesto a Caso, no están más que engañando a los asturianos, en muchos casos con la aquiescencia de los sindicatos mineros, que deberían conocer la situación de estas obras que se reclaman".
El diputado popular mostró su indignación y señaló que "el descaro con el que se está engañando a los vecinos de las comarcas mineras es de tal calibre que produce vergüenza ajena". En este sentido, aseguró que los fondos mineros que ahora quiere rejudicializar el gobierno regional ya están perdidos. Cañal explicó que "la reclamación presentada por el Gobierno del Principado ante el Juzgado Central en vía contenciosa contra el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras ya fue desestimado en julio del año pasado y el Principado ha perdido con costas judiciales". Por ello, el diputado popular negó que Madrid esté negociando con Asturias un posible pago de estas obras. "En todo caso, si Asturias está intentando presionar lo hace consciente de que no se puede ganar judicialmente y que con el barullo creado se pueda sacar algún rédito político".
Sentencias
Respecto a la sentencia que obra en poder del Principado en la que reclamaba el cobro de más de 250 millones de euros de los fondos y que el juez estimó, el análisis del diputado asturiano del PP es diferente. "Lo que se está ocultando es que la sentencia da la razón sólo en parte al Principado, porque lo que se exige es que debe estudiarse cada convenio de cada obra y constatar el cumplimiento del efectivo del mismo".
Cañal reflexionó sobre si "se tienen que pagar los 25 millones del Polígono de Villallana, que está sin ejecutar, 15 años después de la firma de su primer convenio, o si es culpa de los gobiernos de la nación de distinto signo, que el soterramiento ferroviario de Langreo, 12 años después de la firma del primer convenio, esté ejecutado en poco más del 60% y se hayan incumplido todos los plazos previstos de construcción y no se sabe ni cuándo podrá pasar un tren por el túnel".
Ramón García Cañal hizo también hincapié en la sentencia de julio de 2015 por la que el Juzgado Central Contencioso Administrativo de Madrid desestima la reclamación del Principado sobre de los proyectos que el Consejero de Industria llevó a Madrid el pasado lunes: el soterramiento de Feve en Langreo, la piscina de Bimenes y el parking de Oñón en Mieres. El magistrado desestima la petición del Principado, al que condena a las costas, y elude obligar al Instituto del Carbón a pagar por esos proyectos al estimar los convenios caducados.
"Con estas batallas contra el Gobierno, el PSOE, IU, y los sindicatos ocultan las responsabilidades que tienen de buena parte del fracaso de los fondos mineros, con tanto museo cerrado, polígonos sin acabar o sin accesos, y ser de las comunidades autónomas con los mayores índices de paro como ocurre a nuestra región después de más de 6.000 millones de euros que por una u otra vía deberían de haber llegado", aseguró García Cañal.
El parlamentario asturiano hizo estas declaraciones días después de que el Consejero de Industria del Principado, estuviese en Madrid en la Comisión de Seguimiento de los fondos mineros, donde se discutieron con los representantes del Gobierno (Ministerio e Instituto para la Reestructuración del las Comarcas Mineras), una batería de doce proyectos que desde Madrid se niegan a financiar. El portavoz del Gobierno asturiano aseguró al día siguiente que la administración autonómica no iba a renunciar al cobro de estas partidas y que llevaría la situación hasta las últimas consecuencias, es decir, los juzgados.
Sector
El responsable popular también hizo mención a la situación de la minería española, y se mostró "indignado" ante la "manipulación" a la que se está sometiendo a la ciudadanía. En este sentido, García Cañal aseguró que "no nos vamos a quedar silentes ante esta situación", para agregar que "los sindicatos saben perfectamente que quien firmó el plan de cierre del sector fue el Gobierno de Zapatero".
El diputado asturiano reiteró que "los sindicatos son conocedores de esta situación, y lo que el Gobierno tuvo que hacer fue modificar un plan de cierre con cifras reales, que no eran las previstas en el primer documento". En esta línea, el parlamentario hizo referencia a las caídas de producción, empresas y plantilla, que durante los últimos años han sido superiores a las previstas en el plan de Cierre.
