El diputado del PP Ramón García Cañal desmintió ayer que su partido haya alterado el plan de cierre de la minería incluyendo las prejubilaciones y las ayudas a la restauración al montante que deberán devolver aquellas empresas mineras que quieran mantener su actividad más allá de 2018, tal y como denunciaron los sindicatos. "El plan de cierre siempre incluyó todas las ayudas y se expresa en el artículo 3.3 de la decisión de la UE, señalando que el Estado recuperará todas las ayudas concedidas en el periodo del cierre", señaló el diputado, quien tachó a los sindicalistas que ofrecieron esta información de "indocumentados" e "incompetentes".

El objetivo de los populares es, en palabras de García Cañal, muy distinto al que señalan las centrales. Su propuesta, como apuntó, es "conseguir que aquellas empresas que en 2019 puedan seguir abiertas, no tengan que devolver ninguna ayuda recibida". En caso contrario, como apuntó, "sería muy difícil que desarrollasen su actividad". Y puso números sobre la mesa. Sólo en prejubilaciones se pagan unos 300 millones de euros al año, la mitad en Asturias. Las ayudas a la producción son de unos 50 millones de euros para repartir entre todas las empresas del país.

El diputado popular también aprovechó ayer para hacer historia y se remitió a septiembre de 2009. "Fue en la fiesta de Rodiezmo, en León, donde Rodríguez Zapatero junto a Fernández Villa, prometió que iba a aprovechar la presidencia de España en la UE para modificar la decisión del cierre anticipado de las minas, pero nunca lo llevó a cabo", destacó. También hizo alusión el popular a la negociación llevada a cabo en Europa para alargar el plazo de cierre, que originariamente estaba fijado para 2014. "Fue el PP en el parlamento europeo, con el apoyo de los socialistas, que todo hay que decirlo, cuando conseguimos llegar hasta 2018, aunque nuestra intención era alcanzar 2021, entonces el único país que votó en contra fue Suecia", apuntó.

Por otro lado, y en su pugna con los sindicatos, García Cañal señaló que muchos de los sindicalistas "tienen un problema de desdoblamiento de militancia, no se puede ser del PSOE y de UGT, porque parece que les exime de responder de la mala gestión socialista con la minería y los fondos mineros". Sobre esto último, el popular remarcó que el Gobierno "no puede pagar por unas obras que no están terminadas y que el Principado ha perdido en los juzgados, faltan constantemente a la verdad".