La presidenta de Foro, Cristina Coto, criticó ayer en Moreda el "oscurantismo sospechoso" del Gobierno del Principado de Asturias respecto a la sentencia de los fondos mineros, que suponía la recuperación de 213 millones correspondientes a los convenios del año 2011, proceso judicial que inició Foro cuando estaba al frente del Ejecutivo autonómico y que después continuó el PSOE. Coto, que participó en la convención municipal de su partido en el Caudal, se preguntó "qué medidas se han impulsado para recuperar esas cantidades". Junto a la presidenta de Foro, también participó en la convenció el diputado nacional Isidro Martínez Oblanca y el presidente de Foro en Aller y concejal, Pablo González.

"Javier Fernández debe explicar qué medidas ha impulsado, en caso de que haya impulsado alguna, para que se ejecute la sentencia ganada por Foro", destacó Cristina Coto, añadiendo que "lo único que hemos sabido es que instaron la ejecución con nada menos que siete meses de retraso, y a partir de ahí no supimos nada, más allá de la propaganda verbal de los miembros del Gobierno".

También aludió la presidenta de Foro a otros 130 millones de convenios posteriores también pendientes. "Seguimos sin saber si van a reclamar judicialmente los otros 130 millones que Industria se niega a pagar, ya que Fernández siempre ha entendido que el recurso a la justicia es estéril y babayón", subrayó. En opinión de Coto, si el ministerio se ha negado a abonar un nuevo lote de obras de fondos, algunas ya realizadas, "es evidente que lo que tiene que hacer el Gobierno de Asturias es recurrir de manera inmediata a los tribunales de justicia".

Criticó Cristina Coto, además, "el pasotismo de este Gobierno con relación a la defensa de la minería del carbón, que es escandaloso". Para la forista, la "incompetencia del Ejecutivo autonómico ha traído la desestimación de la demanda reclamando 53 millones de convenios de fondos mineros, cuando Foro sí había sacado adelante la suya por importe de 213 millones". La presidenta de Foro manifestó desconocer "qué hico mal el Gobierno para alcanzar este resultado, incluso si se siguió el mismo cauce procedimental al objeto de reclamar el pago de lo ejecutado".