22 de octubre de 2016
22.10.2016
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El fallido equipamiento de la Mayacina

Viesgo reclama en el Juzgado 2,9 millones por el derribo de la subestación de Mieres

La eléctrica no acepta la contraoferta del Ayuntamiento e inicia un proceso judicial tras gastarse 4,5 millones en el proyecto

22.10.2016 | 11:56
Las labores de derribo de la subestación en 2014.

El Ayuntamiento de Mieres se enfrenta a un nuevo proceso judicial que amenaza con dar un mazazo a la tesorería municipal. Viesgo ha traslado a los Juzgados su reclamación de 2,9 millones solicitada como resarcimiento por el derribo de la subestación eléctrica de la Mayacina, que se abordó a finales de 2014. Tras no llegar ambas partes a un acuerdo sobre el montante de la indemnización, el contencioso se ha canalizado hacia lo que todo indica que será un procedimiento judicial largo y farragoso.

Casi tres millones de euros es lo que Viesgo reclama judicialmente al Ayuntamiento de Mieres por la fallida construcción de la subestación de la Mayacina, proyecto que se desarrolló apoyado en una negligente aprobación de la licencia, tramitada en 2009. El gobierno de Mieres encargó a los técnicos de urbanismo y al servicio jurídico municipal un informe de descargo que, una vez estructurado, fue remitido a Viesgo como respuesta a su reclamación. De este peritaje lo único que ha trascendido es que rebajaba notablemente las aspiraciones económicas de la eléctrica. Tras ser imposible llegar a un acuerdo, será finalmente un juez quien decida cuando tiene que pagar el Ayuntamiento de Mieres a Viesgo.

Así las cosas, el consistorio se enfrenta a una nueva reclamación millonaria. Tras pagar al grupo Goncesco algo más de 3 millones de euros por la expropiación forzosa de tres fincas urbanas recalificadas hace treinta años, ahora es Viesgo quien solicita una indemnización. La antigua E.On construyó la controvertida subestación en una parcela que debía albergar una zona lúdica. Los vecinos del barrio de Santa Marina no tardaron en movilizarse. Las protestas se intensificaron cuando arrancaron las obras. La presión social estuvo a punto de resquebrajarse cuando la asociación local decidió no llevar el caso ante los tribunales. Fue entonces cuando un reducido número de afectados, apenas una decena, decidieron crear una plataforma, iniciando un contencioso. La movilización vecinal hizo que E.On se viera obligada en febrero de 2010 a parar las obras, labores que no tardaría en retomar. En el Ayuntamiento había dudas sobre el camino a tomar. Fue entonces cuando el juez que inicialmente llevaba el caso desechó la paralización cautelar de las obras, dando luz verde a la continuidad de los trabajos. Al final, otro juez ordenó el derribó de la instalación una vez construida.

E.On gastó en balde 4,5 millones en la operación. La compañía invirtió alrededor de 3,5 millones de euros en la construcción del polémico equipamiento, a los que hay que sumar los 912.489 euros que le ha costado el derribo. Quedó demostrado que la instalación se había construido con licencia del Ayuntamiento de Mieres, pero el permiso se otorgó irregularmente porque los terrenos, anexos a la barriada de Santa Marina, no tenían la calificación adecuada. El suelo debía, según la planificación vigente, albergar una zona verde. La sentencia respalda las denuncias planteadas reiteradamente por los vecinos y remarca incumplimientos de la ordenación urbana, pese a que el aparejador municipal elaboró, entre enero de 2007 y marzo de 2008, hasta tres informes favorables a la concesión de la licencia.

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