Los tribunales dan la razón de nuevo al Ministerio del Interior frente a Sogepsa (Sociedad para la Gestión y Promoción del Suelo en Asturias) en el conflicto por la propiedad del viejo cuartel de la Guardia Civil de Langreo. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por la sociedad regional contra la ejecución provisional de la sentencia que le condenaba a hacerse cargo del edificio ubicado en Langreo Centro, que tendrá que ser derribado. El tribunal accede, por tanto, a la petición trasladada por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese), entidad dependiente del Ministerio del Interior, que pretendía que se ejecutase el fallo aunque sobre el asunto tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo (TS).

Hasta esta instancia ha recurrido Sogepsa tras el fallo desfavorable a su petición de la Audiencia Nacional. Esta sentencia daba un plazo de tres meses a la entidad regional para asumir la propiedad. En el fondo de esta batalla judicial figura la exigencia del Ayuntamiento de Langreo de demolición del viejo acuartelamiento dado su avanzado estado de deterioro. El gobierno local instará al dueño de los terrenos a que acometa el derribo. Si esto no ocurre, lo abordará de forma subsidiaria, ejecutando la actuación y repercutiendo sus costes al propietario.

El Ministerio del Interior y Sogepsa firmaron en 2006 un convenio para construir el nuevo cuartel, ubicado en la calle La Unión. La sociedad regional levantó el acuartelamiento, que funciona desde marzo de 2014, y a cambio, reflejaba el acuerdo, recibiría como compensación la parcela donde se ubica el viejo edificio, la principal zona de expansión del concejo. Son 4.964 metros cuadrados que se destinarían, según el proyecto inicial, a uso residencial y que están divididos en dos parcelas, una correspondiente al antiguo cuartel y otra, más pequeña, anexa a la nueva construcción. Esta no es la única batalla judicial en la que se han enzarzado los dos firmantes del convenio. Tampoco se han puesto de acuerdo en el pago del IVA de la obra y serán los tribunales los que decidan quién lo abonará finalmente aunque por el momento lo aportó Sogepsa.