Los vecinos el parque natural de las Ubiñas-La Mesa quieren abandonar el "limbo legal" en el que se encuentran desde la supresión, por orden judicial, del plan de gestión del espacio protegido. Mientras no haya ese documento, están atados y no pueden acceder a las ayudas económicas destinadas a vecinos de parques naturales. Estas subvenciones tienen por objeto el correcto mantenimiento de las viviendas, ajustado a una serie de reglas establecidas desde las administraciones. "Sin embargo, sí estamos sometidos a una serie de limitaciones por vivir en un espacio protegido", señaló Auri Villar, portavoz vecinal en Lena.
El parque natural de las Ubiñas fue declarado, además, Reserva de la Biosfera por la UNESCO. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló el documento por segunda vez el pasado mes de julio. El fallo se apoyó en la falta de una memoria económica. Para Villar, cuanto más se demore la tramitación del documento, más difícil será su aprobación". La portavoz vecinal considera que buena parte del plan que fue anulado puede recuperarse ahora para el nuevo Instrumento de Gestión Integral (IGI).
El acuerdo del plan de gestión de las Ubiñas fue polémico en Lena. El Principado sacó adelante un documento que incluía una cláusula que permitía el paso de una línea eléctrica por el territorio del parque natural de las Ubiñas-La Mesa. Un punto en el documento que hizo saltar todas las alarmas, ya que el Gobierno central había planteado el paso de la línea Sama-Velilla por la zona. El rechazo a esta propuesta fue rotundo, tanto por parte del Ayuntamiento como de los ciudadanos. Vecinos del concejo pusieron en marcha una plataforma en defensa de la zona.
No fue esa polémica la que llevó el documento ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Fueron los vecinos de la parroquia de Páramo los que denunciaron el plan de gestión. Presentaron un total de quince argumentos, pero el tribunal sólo admitió el referido a la memoria económica. Descartó el resto, basados en presuntos incumplimientos de la tramitación, vulneraciones de la Constitución y de distintas leyes.
Los vecinos quieren que la tramitación del IGI, esta vez, sirva para lograr una aprobación definitiva. Es por eso que reclaman información sobre el proceso, sobre todo para la presentación de alegaciones. "Haremos reuniones en cada pueblo para redactar un documento conjunto, con las peticiones particulares de cada localidad y con las propuestas conjuntas", afirmó Villar. Hay una reclamación que se perfila como unánime: que el espacio se blinde contra el paso de líneas eléctricas. Lo que no es negociable, bajo ningún concepto, es la necesidad de adjuntar la memoria económica.
El turismo
Auri Villar considera que "la gestión del espacio protegido es imposible sin una ajustada planificación económica". La representante vecinal aseguró que no han optado a subvenciones desde hace años, por no estar al día el citado documento y por las estrecheces económicas que atraviesa la Administración regional. Las ayudas permiten mejorar la apariencia de los espacios protegidos. Para Villar, "son imprescindibles a la hora de generar un espacio atractivo e incrementar el número de visitantes, otro de los objetivos que perseguimos los vecinos".
Y eso que este último verano ha sido de récord para el parque natural. La Asociación de Hosteleros Asturcentral asegura que los hoteles de la zona colgaron el cartel de completo la mayoría de los fines de semana estivales. La ocupación media, según la entidad, rondó el ochenta por ciento.
