El sector del carbón español empieza a tener cada vez menos aliados en Europa. La Comisión Europea ha autorizado una ayuda de 1.790 millones de euros para el cierre de las minas de antracita y hulla y las unidades mineras en Polonia. Un cierre que, al igual que les ocurre a las minas asturianas, está previsto para finales del año 2018.
Por ahora, los detalles de la decisión siguen siendo confidenciales, pero según los primeros indicios, la ayuda estatal para el cierre de minas y unidades no competitivas se ajusta a las normas de la UE en materia de subvenciones estatales, incluida la Decisión 2010/787/UE del Consejo, y por lo tanto, "no falseará indebidamente la competencia". Al mismo tiempo, la Comisión reitera que la responsabilidad de las decisiones sobre la clausura o no de las minas de carbón recae en los Estados miembros. Este paso que ha dado Bruselas supone una dura losa para el sector minero español. Y es que Polonia era la gran esperanza del carbón, ya que actualmente sus explotaciones son las más competitivas del continente, lo que hacía prever una fuerte presión del país para evitar el cierre ordenado por la UE.
La decisión adoptada por Bruselas no afecta al conjunto del sector minero del carbón polaco, sino sólo a las minas y unidades transferidas a SRK, la Empresa de Reestructuración de Minas, que engloba a las explotaciones no rentables del país (una especie de Hunosa polaca). La ayuda para cubrir las actuales pérdidas se está dando a la mina Makoszowy, pero esto terminará a finales de este año. Se seguirá gastando una ayuda extraordinaria en las otras minas ya transferidas a SRK. También se prestará apoyo otras cinco explotaciones que el Gobierno también trasladará a la SRK en 2017 y que, al igual que el resto de explotaciones que reciban ayudas, tendrán que cerrar una vez acabe el ejercicio 2018: la misma condena a la que están sentenciadas las compañías españolas del sector.
Por otra parte, el Gobierno está a punto de decidir sobre el futuro de Katowicki Holding (KHW), que muy probablemente será incorporado con sus activos más valiosos al Grupo Minero Polaco (PGG) mientras que se transferirán las minas menos efectivas y deficitarias a SRK.
Pese a estas medidas, el Gobierno polaco ha garantizado su "apoyo" al sector de la minería de carbón. Hace unos días, el Ministro de Energía, Krzysztof Tchórzewski, dijo que "2017 será otro año de reestructuración", pero "2018 será un año para el desarrollo."
La diferencia entre la minería que perdura en el país eslavo y la existente en España radica en que el país del Este ya tenía explotaciones de carbón competitivas antes de la entrada en vigor del decreto europeo que obliga a devolver las ayudas a la producción recibidas por las empresas mineras. El caso de España es algo más complejo. Y es que aunque alguna de las compañías española lograra antes de 2018 ser competitiva sin necesidad de ayudas estatales, la cruz que pesa sobre sus hombros es la de tener que devolver las subvenciones públicas concedidas: decenas, en algunos casos, cientos de millones de euros. Ese es uno de los retos que durante los dos próximos años los sindicatos, y las administraciones españolas a todos los niveles van a intentar superar: convencer a Bruselas de que modifique la decisión y permita continuar la actividad en aquellas unidades que consigan ser rentables y competitivas frente al carbón de importación sin necesidad de subvenciones.
Los argumentos que previsiblemente utilizarán las autoridades españolas pasan, entre otras cosas, por la garantía de suministro y la soberanía energética, ya que el carbón es el único combustible fósil que hay en España y que podría garantizar el suministro energético al país.
Cien mil empleos
En Polonia, son aún alrededor de 100.000 personas las que trabajan directamente en la minería del carbón. Las reestructuraciones del sector que se están llevando a cabo, y las compensaciones en forma de 1.790 millones de euros para las minas no competitivas, pueden hacer que las minas españolas pierdan su mejor aliado dentro de la UE. Y es que tanto los sindicatos como los ayuntamientos las comarcas mineras habían expuesto, en varias ocasiones, que Polonia podría presionar a la Comisión Europea para cambiar la normativa que obliga a cerrar las explotaciones a finales de 2018.
Ahora, con la reestructuración en una empresa destinada al cierre de las explotaciones deficitarias, el Gobierno polaco parece ir acatando las exigencias europeas, dejando algo más solo que antes al carbón español, que necesita un cambio radical en la política energética europea que permita no tener que devolver las ayudas recibidas a las empresas que, en estos años, han logrado hacerse rentables sin subvenciones.
