El Principado vuelve a los Juzgados para reclamar 21,5 millones de fondos mineros

El Consejo de Gobierno del Principado decidió ayer volver a los tribunales para exigir el cumplimiento de los compromisos de los convenios de los fondos mineros que han sido desatendidos por el Ejecutivo central. El Principado va a presentar varios recursos contencioso-administrativos para tratar de forzar al Ministerio de Industria a abonar 21,5 millones de euros correspondientes a 20 actuaciones ya ejecutadas por el Principado y que el Estado ha desestimado sufragar.

El impago de los convenios afecta entre otros equipamientos al Museo de la Lechería de Morcín, el Ecomuseo del Valle de Samuño, el proyecto turístico del Angliru, a polígonos industriales y a obras de saneamiento en los concejos mineros. Su pago fue reconocido en una sentencia parcialmente favorable al Principado del juzgado central de lo contencioso-administrativo número 4 de Madrid, del 28 de octubre de 2013, pero el Ministerio, según la interpretación del consejero de Empleo, Francisco Blanco, "no cumplió sus obligaciones económicas". El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) desestimó los recursos de reposición interpuestos entonces por la Administración autonómica asturiana una vez que la Audiencia Nacional había rechazado en abril de 2014 la apelación del Ministerio, razón por la cual se interponen ahora estos recursos "contra la inactividad del Gobierno central".

Blanco expuso que "en febrero y mayo de este año" el Ministerio "emitió sendas resoluciones en las que determina la pérdida del derecho al cobro de las subvenciones destinadas al Principado para veinte actuaciones" de las 57 que habían sido objeto de la sentencia de 2013. Las alegaciones planteadas entonces por el Principado fueron desestimadas por silencio administrativo, y es eso lo que ahora ha originado la presentación de estos recursos.

Las veinte actuaciones que los justifican forman parte de los convenios de fondos mineros que no han sido atendidos, cuyo montante global calcula el Principado en 195 millones de euros, contando únicamente las inversiones ya realizadas por la Administración autonómica. El Consejero añade otra cifra correspondiente a intervenciones no ejecutadas que se sitúa entre los sesenta y setenta millones.

Éste es el tercer procedimiento abierto por el Principado para tratar de forzar al pago al Ministerio de Industria, según detalló ayer Blanco. La Administración autonómica ha interpuesto, por un lado, un recurso ante el juzgado central de lo contencioso-administrativo número 11 de Madrid por tres convenios de 2012 por importe de 53 millones -en este caso la Audiencia Nacional rechazó en febrero de este año los argumentos del Principado- y, por otro, uno pendiente de resolución en la Audiencia Nacional relativo a tres convenios de 68 millones.