El consejero de Empleo, Francisco Blanco, no estuvo ayer solo explicando los motivos por los cuales el Gobierno del Principado vuelve a los tribunales para reclamar fondos mineros pendientes de pago. El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, lo acompañó para hacer una valoración política de estas acciones, que puso como ejemplo de que "la defensa de la minería y de las comarcas mineras es una cuestión prioritaria" para el Principado de Asturias.

Martínez mostró su esperanza en que el "el Gobierno rectifique su actitud tanto respecto a la minería como a los compromisos con los fondos mineros". El responsable de Presidencia garantizó de parte del Ejecutivo asturiano una posición "de colaboración con plena lealtad institucional", pero adelantó que recurrirán a los tribunales "tantas veces como sea necesario, porque se trata de una cuestión irrenunciable y de justicia".

La supresión de los fondos mineros fue una de las primeras decisiones que tomó el Gobierno de Mariano Rajoy al llegar al poder a finales del año 2011. De hecho, fue en el primer Consejo de Ministros de la pasada legislatura cuando se tomó esta polémica decisión. A partir de ese momento, el pago de las obras que estaban en marcha o que ya se habían terminado pasó a judicializarse. Entre otras actuaciones, el Principado ha reclamado que el Gobierno central pague la parte que había comprometido en el desdoblamiento de la carretera de los túneles de Riaño o el soterramiento de las vías de Feve a su paso por Langreo.