El juzgado ha desestimado el recurso de Viesgo contra el Ayuntamiento de Mieres en relación a la subestación eléctrica de la Mayacina. En concreto, el juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo ha desestimado el recurso presentado por la eléctrica, que pedía al Ayuntamiento una indemnización de casi 3 millones de euros por el derribo de la subestación. Una reclamación patrimonial que desde el Ayuntamiento se desestimó y que Viesgo llevó a los juzgados, que avalan ahora la actuación del Gobierno local en esta sentencia.

Casi tres millones de euros es lo que Viesgo reclamaba judicialmente al Ayuntamiento de Mieres por la fallida construcción de la subestación de la Mayacina, proyecto que se desarrolló apoyado en una negligente aprobación de la licencia, tramitada en 2009. El gobierno de Mieres encargó a los técnicos de urbanismo y al servicio jurídico municipal un informe de descargo que, una vez estructurado, fue remitido a Viesgo como respuesta a su reclamación. De este peritaje lo único que ha trascendido es que rebajaba notablemente las aspiraciones económicas de la eléctrica. Tras ser imposible llegar a un acuerdo, será finalmente un juez quien decida cuando tiene que pagar el Ayuntamiento de Mieres a Viesgo.

Así las cosas, el consistorio se enfrenta a una nueva reclamación millonaria. Tras pagar al grupo Goncesco algo más de 3 millones de euros por la expropiación forzosa de tres fincas urbanas recalificadas hace treinta años, ahora es Viesgo quien solicita una indemnización. La antigua E.On construyó la controvertida subestación en una parcela que debía albergar una zona lúdica. Los vecinos del barrio de Santa Marina no tardaron en movilizarse. Las protestas se intensificaron cuando arrancaron las obras. La presión social estuvo a punto de resquebrajarse cuando la asociación local decidió no llevar el caso ante los tribunales. Fue entonces cuando un reducido número de afectados, apenas una decena, decidieron crear una plataforma, iniciando un contencioso.

La movilización vecinal hizo que E.On se viera obligada en febrero de 2010 a parar las obras, labores que no tardaría en retomar. En el Ayuntamiento había dudas sobre el camino a tomar. Fue entonces cuando el juez que inicialmente llevaba el caso desechó la paralización cautelar de las obras, dando luz verde a la continuidad de los trabajos. Al final, otro juez ordenó el derribó de la instalación una vez construida.