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El encierro, la encerrona y otro Pablo Iglesias

Cuando un sector de los mineros, encabezado por la plantilla del pozo turonés de Santa Bárbara, se rebeló contra los cierres que siguieron a la movilización de Barredo

Tensa asamblea. F. OTERO

El 3 de enero de 1992, una multitud recibía como héroes a los 36 sindicalistas mineros que desde el día el 22 de diciembre habían protagonizado el encierro del pozo Barredo, en Mieres. Fue el momento culminante de una movilización que puede pasar a la historia como el episodio que evitó la liquidación a las bravas de la minería asturiana y que forzó un ajuste gradual y no traumático de Hunosa y del conjunto del sector, o justamente como el principio del fin, el punto a partir del cual se aceptó, prejubilaciones mediante, que agonizaba sin remedio la forma de vida de buena parte de la región durante siglo y medio. En ello se está 25 años después, a un paso de que en 2018, y siguiendo las mismas instrucciones que aceleraron el recorte carbonero desde el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), se complete la extinción de lo que queda de las explotaciones asturianas.

El tiempo tiende a borrar los matices y no es fácil reconstruir con precisión si hubo verdaderamente diferencias de calado entre lo que el Gobierno de Felipe González ofrecía a los mineros de Hunosa antes del 22 de diciembre de 1991 y lo que José Ángel Fernández Villa (SOMA) y Antonio González Hevia (CC OO) firmaron semanas después de la salida del encierro (el 12 de marzo de 1992). La hemeroteca dice que tales diferencias no fueron esenciales. Se pactó un recorte de 6.000 empleos en tres años (los mismos que el Gobierno había propuesto mediado 1991) a través de prejubilaciones (con 47 años y el 100% de las retribuciones netas); se aceptaron los primeros cierres de pozos (Entrego, San José, Olloniego...), como también había planteado el Ejecutivo, y se negoció un paquete de políticas de reindustrialización. En suma, un modelo de ajuste gradual (a la alemana) que, con retoques (mayor reducción de la edad mínima de prejubilación, ajustes en la generosidad en la retribución, más cierres de pozos y más fondos de reactivación...) se reprodujo en cada nuevo plan para Hunosa para toda la minería con el PSOE en el Gobierno y también cuando el PP de José María Aznar llegó a la Moncloa.

El encierro de Barredo y las movilizaciones protagonizadas por muchos de los casi 18.000 trabajadores que Hunosa tenía entonces puede ser visto en ese sentido como un golpe de mano que surtió efectos inmediatos (entre ellos, sujetar la imagen y la autoridad de los líderes mineros camino de un ciclo de desmantelamiento industrial que ellos mismos reconocían inevitable ya antes de Barredo) y también otros diferidos, como haber disuadido durante las décadas siguientes a los gobernantes de intentar políticas más drásticas, de corte neoliberal-thatcheriano, con el carbón de Asturias.

El mismo borrador de los matices ha extendido la impresión, singularmente fuera de los territorios carboneros, de que la sociedad de las Cuencas y por supuesto los trabajadores de Hunosa actuaron y pensaron como un bloque en aquellos años, sin apenas crítica u oposición a lo que ocurría en las negociaciones y a las estrategias de unos sindicatos que también controlaban la vida interna de los partidos de izquierda (particularmente, el SOMA la del PSOE), hegemónicos en los ayuntamientos.

Un episodio ocurrido dos años y medio después en Turón sirve de muestra de que no existió tal unanimidad. En la primavera de 1994, los mineros del pozo Santa Bárbara (también conocido como La Rabaldana) se plantaron contra el cierre de la instalación, la última activa en el valle turonés y cuya clausura se incluía en el preacuerdo entonces firmado de otro plan de Hunosa continuador del pactado tras Barredo. La rebelión de La Rabaldana, apoyada en la calle por el movimiento ciudadano de Turón, fue encabezada por representantes sindicales del pozo y en particular por el dirigente de CC OO Pablo Iglesias, un picador con gran ascendencia sobre sus compañeros y cuya coincidencia de nombre con el fundador del PSOE y de la UGT fue de aquella, como hoy ocurre con el Pablo Iglesias de Podemos, motivo de comentarios y reportajes periodísticos.

La protesta de Turón se extendió en aquellos días a otros centros de trabajo del Caudal y del Nalón con paros que significaban un desafío a los acuerdos de la mesa de negociación y también a la posición de Villa y Hevia. Los mineros de La Rabaldana reclamaron la presencia de ambos en una asamblea para dar explicaciones. Se celebró a primera hora de la mañana del día 17 de mayo de 1994. En la lampistería de Santa Bárbara, los protagonistas de Barredo reconocieron que los cierres eran inevitables y que habría más en el futuro, y remarcaron las favorables condiciones de prejubilación frente a los despidos de entonces en Duro Felguera o la Fábrica de Armas. Villa y Hevia escucharon de aquellos mineros de Turón el reproche de que habían claudicado aceptando nuevos cierres sin compromisos firmes de empleo alternativo. También, que las prejubilaciones venían a ser, como sostenían los sectores más beligerantes con "la reconversión", un "caramelo envenenado", pan para unos años y un erial sin trabajo para el futuro. Y aguantaron encendidas increpaciones, particularmente estruendosas cuando Fernández Villa pronunció en medio de aquella especie de encerrona una frase lapidaria sobre la minería que nunca antes se le había escuchado en público: "Llegó la hora de tomar conciencia: el carbón no tien futuro".

La rebelión de La Rabaldana se apagó unas semanas después, y el último pozo turonés cerró en septiembre de ese año. En marzo de 1995 lo hizo Barredo, convertido ya en un mito.

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