El gobierno de Mieres (IU) ha comunicado a los integrantes del patronato que está al frente de la residencia de mayores Valle del Caudal su intención de proceder a la disolución del organismo. Así, según las fuentes internas consultadas por este diario, el geriátrico municipal pasará a integrarse en el área de Derechos Sociales como un servicio más. Por ello, tanto los partidos políticos de la oposición, como el movimiento vecinal y los sindicatos están en contra de este procedimiento, ya que dejarán, sindicatos y vecinos, de tener representación y poder de decisión en la entidad.
La medida adoptada por el gobierno local busca dar cumplimiento a la polémica ley de Sostenibilidad aprobada en su momento por el Gobierno central. Hasta ahora la residencia municipal estaba regida por un patronato en el que además de la Corporación tenían representación el movimiento vecinal y los sindicatos. Una vez el servicio pase a manos de Derechos Sociales, la autonomía de la residencia desaparecerá.
El grupo municipal del PSOE está totalmente en contra de esta medida. Los socialistas defienden que la instalación se siga gestionando de "una manera plural y equitativa". Así, abogan por mantener a los sindicatos y al movimiento vecinal en los órganos de control: "Asumimos que hay que cambiar el modelo de gestión para acomodarlo a la ley, pero se puede hacer mantenimiento la residencia como un órgano autónomo con un trato diferenciado e independiente al resto de servicios que se prestan desde la concejalía de Asuntos Sociales". Los socialistas aseguran que los servicios jurídicos de la residencia no ha puesto objeciones a la fórmula que ellos plantean: "Está claro que estamos ante una decisión política", señaló ayer la concejala Lidia de la Lama.
Los integrantes del patronato que está a punto de desaparecer forzaron ayer al gobierno local a convocar una reunión informativa. Tuvieron que hacerlo presentando una solicitud por escrito a través del registro municipal. "Todo este proceso se está llevando con oscurantismo y prepotencia", remarcó Lidia de la Lama.
El movimiento vecinal tampoco apoya la decisión del gobierno local: "Hay que recordar que la residencia tiene un patrimonio debido a las cesiones de muchos usuarios y, además, nos preocupa que el servicio pueda perder calidad", apuntó Ángel Luis Rubio, presidente de la Federación de Vecinos de Mieres, quien defiende que la sociedad civil pueda seguir participante en los órganos de control. Lo mismo reclaman desde UGT. "Ya sin entrar en el fondo, lo que no acabamos de entender es que un gobierno de izquierdas deje permanentemente de lado a los agentes sociales", indicó Sergio Álvarez, responsable comarcal del sindicato. "Lo que no pedimos, sino exigimos, es que se mantenga la calidad del servicio", añadió.
La residencia Valle del Caudal cuenta con 77 plazas, de las que poco más de treinta están concertadas con la red de establecimientos residenciales de Asturias (ERA). El equipamiento mierense dispone de 45 habitaciones, la mayoría de ellas dobles. Todos los beneficiarios son internos. El presupuesto anual supera el millón de euros. Esta instalación pública ha logrado en los últimos años un buen balance de gestión, generando incluso superávits. La junta rectora de la residencia aprobó el año pasado un incremento del precio por plaza . La administración de dicha instalación municipal tomó esta decisión con el objetivo de mantener unas tarifas equivalentes al precio público establecido por la Consejería de Bienestar Social. Así, los residentes abonan 1.332,77 euros mensuales.
