El grupo parlamentario de IU planteará en la Junta General del Principado la puesta en marcha de un plan bianual con políticas de reactivación de las comarcas mineras y abierta a la participación de los agentes sociales. La iniciativa, que se asemeja al plan que puso en marcha la Junta de Castilla y León para sus municipios mineros y que está dotado con veinte millones de euros, también incluye la creación de una agencia pública que fiscalizaría las actuaciones realizadas y el mantenimiento de la actividad minera. La propuesta fue presentada ayer por el coordinador general de la formación en Asturias, Ramón Argüelles; y el portavoz del grupo parlamentario de IU, Gaspar Llamazares. Ambos mantuvieron previamente un encuentro con alcaldes mineros al que acudieron los regidores de Langreo, Jesús Sánchez; Mieres, Aníbal Vázquez; Riosa, Ana Díaz; y Teverga, María Amor Álvarez.

Argüelles defendió que "existe una deuda de la sociedad asturiana y española con las comarcas mineras". El responsable de la coalición de izquierdas señaló que "el proyecto de reestructuración con la crisis de la minería fue insuficiente, ya que el dinero gastado fue en muchas ocasiones para suplir inversiones". Por su parte, Llamazares dio cuenta del compromiso de gobierno alcanzado con el PSOE y afirmó que "también incluye a las comarcas mineras". Sin embargo, el diputado denunció la "pasividad y discriminación" del Ejecutivo autonómico con estas comarcas. El plan presentado, como apuntó Llamazares, incluiría medidas en infraestructuras, formación o medio ambiente, "además del mantenimiento de la minería". En representación de los alcaldes mineros, Vázquez denunció la "falta de seguridad jurídica" del país, "donde los contratos pueden ser papel mojado", en clara referencia a los problemas que están teniendo para cobrar los convenios de los fondos mineros por parte del Gobierno central. No exculpó el regidor de Mieres a los socialistas, de los que dijo que "ralentizaron" los fondos cuando ellos estaban al frente del Ejecutivo.

Vázquez también aprovechó para defender el mantenimiento de la actividad minera, dando cuenta de un informe del operador eléctrico sobre la seguridad de abastecimiento "y en el que afirman que no se puede echar mano del carbón nacional, que supondría además el abaratamiento de la factura, porque no hay suficiente".