El conflicto abierto entre Hunosa y los sindicatos en torno a la subida de las prejubilaciones ha llegado a su fin. Las centrales anunciaron, en la tarde de ayer, que la dirección de la empresa ya les ha trasladado su decisión de cumplir lo pactado en los planes 2002-2005 y 2006-2012, y actualizar las pagas de los mineros retirados anticipadamente en el IPC real de 2016. Cantidad que según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE), es el 1,6 por ciento. Con esta comunicación se pone fin a las especulaciones sobre si la empresa iba a detraer de ese 1,6 por ciento los índices negativos de los años 2014 y 2015, una cuestión que la empresa ha señalado que nunca se llegó a poner sobre una mesa de negociación ni se llegó a hacer propuesta alguna a los sindicatos en torno a esa posibilidad.

Los portavoces del SOMA-FITAG-UGT y de CC OO de Hunosa señalaron ayer que ambas centrales siempre se negaron a aceptar "interpretaciones" o "valoraciones" de lo acordado en estos planes de empresa respecto al IPC. Algo que asegura "pretendía hacer la dirección de la hullera". Lo firmado, agregaron, "dejaba bien claro que las prejubilaciones se actualizarán al inicio de cada año natural incrementándolo en el porcentaje que resulte del IPC real en cada año".

Un IPC real que en el caso del pasado 2016 se situó en el 1,6 por ciento, después de un importante incremento en el mes de diciembre (nueve décimas) derivado de la subida del precio de los combustibles, que ha encarecido muchos sectores relacionados con el transporte. Ese IPC será finalmente el que sea aplicado, según los sindicatos, en la actualización de las prejubilaciones de los mineros que se retiraron durante los planes de 2002-2005 y 2006-2012, lo que puede suponer unos 3.000 mineros en números redondos.

El conflicto se inició la pasada semana, cuando los sindicatos tuvieron conocimiento de que Hunosa estudiaba detraer de la actualización del IPC de 2016 los valores negativos de 2014 y 2015. La empresa ha señalado durante estos días que esa posibilidad nunca se llegó a plantear en una mesa de negociación ni se comunicó oficialmente a los sindicatos, aunque estos decidieron iniciar un encierro como protesta. Finalmente, ayer se dio por solucionado el conflicto laboral.

Las centrales se mostraron ayer muy satisfechas con el resultado de las negociaciones con la empresa no solo en lo referente al IPC. "Si a esto unimos que el jueves pasado, después de abandonar el encierro, la empresa accedió a retrasar una semana la celebración de los comités en los centros de trabajo que deben acordar el traslado de los trabajadores de María Luisa y las modificaciones necesarias en materia de estructura de plantilla, desde ambas organizaciones se dan por zanjadas estas dos cuestiones", agregaron desde el SOMA y CC OO. Además, ambas centrales aclararon "que siempre nuestra disposición inicial para resolver los problemas laborales es el diálogo y la negociación, aunque acudiremos a la presión si no se nos deja otra salida".