Las empresas que trabajan en las obras de la variante de Pajares en la vertiente asturiana han tenido que afrontar multas y sanciones por casi un millón de euros debido a vertidos ilegales y otras infracciones de la Ley de Aguas. Así lo denunciaron ayer desde la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies y la asamblea de vecinos contra el AVE, quienes reclamaron medidas más severas y la realización de estudios de impacto ambiental independientes.

Los ecologistas señalaron que, en los últimos años, se han tramitado al menos 67 expedientes sancionadores por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. De ellos, 42 han sido por vertidos ilegales y 25 por infracciones de la Ley de Aguas. En total, las multas y sanciones impuestas alcanzan los 969.620,54 euros. Las empresas expedientadas son las que forman las diferentes UTES de la Variante. "Entre ellas destacan algunas como Sacyr, FCC, Acciona, Ferrovial y Constructora Hispánica", afirman los ecologistas.

A estas infracciones, como señalan, "habría que añadir los expedientes sancionadores que puedan haber tenido en León y las de otros departamentos de la administración como la Consejería de Medio Ambiente o la de Desarrollo Rural". El número de expedientes "es tan elevado y la cuantía de las sanciones -muchas de ellas graves- es tan alta, que creemos que la actitud de las empresas podría merecer reproche penal por atentar de forma reincidente y continua contra el medio ambiente".

Las denuncias que dieron lugar a esos expedientes partieron tanto de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico como de los vecinos de Lena, la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies y otros organismos, como ya han dejado patente en numerosas ocasiones.

Además, los ecologistas apuntan que "estamos convencidos de que hay otros muchos vertidos que no pudieron ser detectados por la dificultad de probarlos, por eso estos expedientes son sólo la punta del iceberg y una prueba del altísimo impacto ambiental de las obras de la Variante, así como un anticipo de lo que podría ocurrir si las obras del AVE continuasen en el futuro hasta Oviedo y Gijón".

También destacaron desde la coordinadora que estas obras "han supuesto un trasvase ilegal e indeseado de agua desde la cuenca del Duero a la del Cantábrico, al desviarse hacia la cuenca del río Caudal recursos hidrológicos de los acuíferos afectados por las obras que antes alimentaban los ríos de León".

"Tristemente se constata que a las constructoras les resulta más rentable el pago de sanciones (en las pocas ocasiones en que les pillan in fraganti) que cumplir con la normativa medioambiental", destacan. Por ello, la Coordinadora pide que las medidas sean más severas y la realización de estudios de impacto ambiental independientes. "Estos estudios deberían considerar el impacto del trazado en su totalidad (y no de pequeños tramos) para poder evaluar su impacto real", apuntan. Por último, reiteran su petición de que "se abandone definitivamente el proyecto de AVE en Asturies, que en nada beneficia a la población".