Los responsables de Panadería Juaky acudirán al juez para pedir que se anule la orden de clausura de su obrador dictada por el Ayuntamiento de Langreo por sobrepasar el límite de decibelios permitido. La empresa solicitará en los tribunales que se haga una medición de ruidos por parte de una firma externa ya que, a su juicio, las pruebas realizadas por el Consistorio no se desarrollaron correctamente. El Ayuntamiento dictó la orden de clausura debido a la denuncia presentada por una vecina por el ruido que genera la instalación. Los responsables de Juaky sostienen que, si se concreta el cierre del obrador, tendrán que clausurar la actividad del resto de establecimientos. La firma da empleo a una veintena de personas, en los seis establecimientos que tiene en las Cuencas.
En la mañana de ayer se celebró una reunión entre el alcalde, Jesús Sánchez, y José Luis Rodríguez, administrador único de Juaky, para analizar el problema y tratar de encontrar alguna solución. El encuentro acabó sin acuerdo. "El gobierno local insiste en que lo que tenemos que hacer es abandonar el actual obrador (ubicado en la zona urbana) y trasladarnos a un polígono, pero eso no es viable porque todavía estamos pagando el obrador y no podemos meternos en otras inversión así", argumentó Rodríguez. Por su parte, el regidor langreano se mostró cauto y se limitó a explicar que "ha sido una reunión de trabajo en la que hemos estado analizando la situación".
Juaky, con actividad desde hace 17 años cuenta en la actualidad, junto al obrador con tiendas en La Felguera (tres), Sama, El Entrego y Mieres. Sus responsables sostienen que en la primera medición realizada en la vivienda de la vecina que denunció, realizada en febrero de 2016, se registró un índice de ruido de 31 decibelios, uno más que el índice permitido, ya que el límite es de 25 más otros 5 de margen de error. Para subsanar el problema, según la empresa, se impulsaron medidas correctoras como la renovación de los tacos de goma, la instalación de una banda de aislamiento y la revisión de la insonorización, pero una nueva medición realizada en mayo volvió a dar un parámetro de 31 decibelios.
José Luis Rodríguez argumenta que las mediciones realizadas por el Ayuntamiento incurrieron en "algunas anomalías" motivo por el que reclamará ante el juez que una empresa privada externa realice una nueva medición para "salir de dudas". "No se atendió nuestra petición de realizar una medición sin que el obrador estuviera en marcha, para ver si había otros ruidos externos que no se hubieran tenido en cuenta. Además, el segundo informe del Ayuntamiento no se me facilitó", indicó Rodríguez.
Alternativas
Para Rodríguez el exceso de ruido es mínimo y subsanable, por lo que considera "exagerado" cerrar el obrador sin explorar antes otras alternativas. "Vamos a solicitar al juez que estudie el caso y paralice la decisión del Ayuntamiento", indicó el administrador único de Juaky, que expuso que el obrador viene funcionando desde hace treinta años. Juaky asumió la instalación hace siete años y "nunca hubo denuncias hasta enero de 2016, un día después de que trabajadores de la empresa denunciaran a la vecina que se queja del ruido porque recibían insultos y amenazas", según los responsables de la empresa.
Rodríguez hizo hincapié en que la "opción dada por el Ayuntamiento de trasladarnos a un polígono no es factible porque seguimos pagando el obrador y no podemos hacer frente a nuevos gastos de ese calado", manifestó.
En la misma línea, el administrador de Juaky remarcó que le cierre del obrador supondría la clausura de las seis tiendas de la firma, que dejarían en la calle a una veintena de trabajadores. "El obrador suministra a los otros seis locales, que son únicamente puntos de venta. No sería posible mantener la actividad de las tiendas si no tenemos donde hacer el pan", apostilló José Luis Rodríguez.
