"Dos tercios de la población española vive en régimen de propiedad horizontal, lo que produce un volumen importante de conflictividad", manifestó el abogado Nicolás Bartolomé Pérez, quien junto a su colega y administrador de fincas Galo García Gil-Delgado, protagonizaron la charla organizada por el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas que con el título "La conflictividad en las comunidades de vecinos" tuvo lugar en la Casa de Cultura de Mieres.

El letrado ejerciente en Mieres hizo un recorrido por la normativa que afecta a las comunidades de propietarios, deteniéndose en los aspectos que mayores problemas causan, como la morosidad. "Se estima que las deudas que los propietarios sostienen con sus comunidades ascienden a 1.800 millones de euros, una cantidad enorme que, en muchos casos, pone en grave riesgo la viabilidad económica de la comunidad, pues unos pocos propietarios se ven obligados a pagar todos los gastos", expuso Bartolomé.

Para el abogado la lucha contra el moroso contumaz es en ocasiones ineficaz, "pues la persona que no quiere pagar suele saber cómo hacerlo y pone infinidad de trabas para que la comunidad recupere lo que se le debe. Además, los tribunales son bastante reticentes a la hora de decretar el embargo de la vivienda, algo que, definitivamente, es la medida más disuasoria".

Asimismo, advirtió de que "en la actualidad, el comprador de una propiedad responde de las deudas existentes, por lo que es fundamental comprobarlo antes de llevar a cabo la adquisición. Así se evitan sorpresas desagradables". El abogado también hizo una exposición de las acciones posibles contra los vecinos que realicen actividades molestas, nocivas o ilegales y abordó el espinoso tema de las obras, las instalaciones de ascensores y los cambios normativos habidos en orden a favorecer su realización. "Las reformas legales han producido un incremento de la responsabilidad personal del presidente de la comunidad, que puede llegar a responder con su patrimonio si ha actuado de modo negligente" alertó Bartolomé. En este sentido, recomendó la contratación de administradores de fincas "pues cada día las obligaciones legales, fiscales y contables son mayores y más complicadas. El administrador no es un gasto: es una inversión".

Por su parte, Galo García informó de que "la legislación actual, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, pretende la conservación y modernización de los edificios. De ahí las nuevas obligaciones relativas a los informes de evaluación y eficiencia energética. Y más que vendrán, porque es una normativa que aún está en desarrollo". García, conocedor del día a día de las comunidades, hizo una serie de recomendaciones para evitar en lo posible la conflictividad vecinal, instando a los presidentes a actuar con transparencia y en interés común, con rigor en la toma de decisiones y utilización del dinero y con diligencia en el mantenimiento de los edificios". En este sentido, incidió en que "salvo excepciones, en las comunidades todos tienen que pagar todo". Sobre el complejo asunto de la morosidad Galo García expuso que "por regla general, las comunidades son comprensivas con los vecinos en dificultades económicas", recomendando que buena parte de esa morosidad puede quedar solucionada mediante algo tan sencillo como la domiciliación bancaria de las cuotas de la comunidad.

En lo que ambos profesionales del sector coincidieron fue en el progresivo incremento de las exigencias a las comunidades de propietarios, lo que justifica sobradamente ponerse en manos de expertos para llevar la gestión de las mismas. Una charla que coincidió en el tiempo con varias denuncias vecinales respecto a las complicadas situaciones de convivencia que afrontan en sus comunidades, y que tienen una solución difícil por el momento.