La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente paraliza el proceso de expropiación de las fincas que estaban afectadas en Caso por la reforma de la carretera de la Collá d´Arniciu, que finalmente no se ejecutó. La resolución que dicta el desestimiento se centra en el tramo Bueres-Campo de Caso y ha sido firmada más de tres años después de que el Principado decidiese renunciar a contratar esos trabajos en la vía que une Campo de Caso con Infiesto. Los trámites de expropiación afectaban a 196 fincas.

El proyecto quedó paralizado en plena licitación cuando se conoció que el Ejecutivo central, del PP, iba a anular los fondos mineros y que esta actuación sería una de las afectadas. La reparación integral de la carretera entre Campo de Caso e Infiesto tenía un presupuesto de 42 millones de euros.

La obra llegó a licitarse en diciembre de 2011 pero no se adjudicó. El proyecto redactado para el acondicionamiento de la vía, que tiene 32 kilómetros de longitud, recogía su división en tres fases, que se adjudicarían de forma independiente pero se ejecutarían simultáneamente. A lo largo del recorrido se construirían seis variantes en las zonas más sinuosas de la carretera y se levantarían seis nuevos puentes. La plataforma de la vía sería ampliada hasta alcanzar los siete metros de ancho.

Tras confirmar el Gobierno regional que no se destinarían fondos mineros e interponer un recurso en los tribunales encargó la actualización del proyecto de reforma integral de la carretera de la Collá d'Arniciu, para ajustar la inversión. El documento redactado por el Principado refleja que la vía precisa de una mejora de la plataforma en los tres tramos en los que se dividió inicialmente el recorrido. El primero de ellos comunica Infiesto con La Marea, que tiene una longitud de 12,8 kilómetros. La inversión estimada para ejecutar la obra es de 9 millones de euros, frente a los 14 contemplados en el proyecto que fue licitado.

Para los 11,8 kilómetros del trayecto que separa La Marea y Bueres, se destinarían 10,2 millones, que son 2,8 millones menos que los establecidos. Y, por último, para el tramo que discurre íntegramente por el concejo casín, se asignarían 8 millones de euros (con una reducción de 700.000 euros) para sus 7,6 kilómetros.

Resolución

Del procedimiento expropiatorio sólo se procedió al levantamiento de las actas previas a la ocupación, afirma la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en la resolución. "La administración no llegó nunca a ocupar los terrenos expropiados ni tampoco a efectuar trámite alguno tendente a la fijación el justiprecio", señala. Si a esto se une que existen "razones de interés público debidamente justificadas" y que se ha renunciado a la licitación de las obras, "no existe obstáculo legal alguno que impida desistir de la expropiación".

Contra esta resolución cabe la interposición de un recurso de reposición ante la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en el plazo de un mes o la impugnación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en dos meses. Mientras, los usuarios de la carretera que comunica el concejo casín con Infiesto siguen reclamando mejoras en la vía. Lo mismo ocurre con los vecinos y visitantes que transitan por otra carretera del concejo, la del puerto de Tarna.