Sogepsa ofrece al Ayuntamiento de Langreo un convenio de colaboración para derribar el antiguo cuartel de la Guardia Civil. La sociedad regional, que es la propietaria del inmueble, propone que sea el Consistorio el que acometa el derribo, repercutiéndole los costes, y que, a cambio, pueda utilizar los terrenos como aparcamiento provisional hasta que Sogepsa desarrolle el proyecto residencial que tiene para la parcela.
Esta opción la refleja en la alegación presentada tras recibir el requerimiento del Ayuntamiento para que afronte la demolición del viejo acuartelamiento ante el estado de deterioro que presenta. El Consistorio estaba dispuesto a abordar una ejecución subsidiaria, afrontando el derribo y pasando después los gastos a Sogepsa. Este nuevo escenario está siendo analizado por el Ayuntamiento, que ya ha concluido la redacción del pliego de condiciones, aseguró el alcalde, Jesús Sánchez.
El regidor reclama a la sociedad regional que los trámites aparejados al convenio no conlleven un retraso en los planes del Consistorio. "Pedimos que se desarrolle de forma ágil porque de lo contrario seguiremos con nuestro proyecto", comentó Sánchez. Sogepsa dispone ahora de unos días para presentar la documentación.
El Alcalde destacó que para el Ayuntamiento el derribo del antiguo cuartel es "prioritario" dado que el "edificio está en ruina". Hace unos meses la Audiencia Nacional estimó, en el pleito entre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese), dependiente del Ministerio del Interior, y Sogepsa, sobre la propiedad del edificio, que pertenecía a ésta última en virtud del convenio suscrito para construir el nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil.
El presupuesto de licitación del derribo, recogido en los pliegos elaborados por los técnicos municipales, es de 100.000 euros y podría, si se cumplen los plazos previstos, abordarse en julio. El viejo cuartel está en desuso desde marzo de 2014, cuando los agentes fueron trasladados definitivamente a las instalaciones de la calle La Unión. Dos años antes el destacamento de Tráfico ya había tenido que ser reubicado en las oficinas de la Policía Local al no poder desarrollar su trabajo en las dependencias por los desperfectos existentes.
El nuevo edificio ya estaba listo tres años antes pero las discrepancias entre el Ministerio del Interior y Sogepsa respecto al pago del IVA de la obra retrasaron su puesta en funcionamiento. Finalmente no alcanzaron acuerdo sobre este tema ni sobre la propiedad del antiguo cuartel y terminaron en los tribunales. La sociedad regional dispone de 4.964 metros cuadrados de suelo para uso residencial dividido en dos parcelas, una la correspondiente a la parcela donde se ubica en viejo cuartel y otra más pequeña próxima al acuartelamiento actual. En ellas estaba prevista la construcción de 325 viviendas y bajos comerciales.
