A. G. C. y F. M. G. G., propietarios de la empresa Nalón Carcami, que explota el restaurante de la cadena Burger King en el centro comercial de El Entrego, negaron ayer que, en mayo de 2015, intentaran coaccionar a los trabajadores para interferir en las elecciones sindicales y evitar que se presentara al proceso la candidatura de CC OO. Este sindicato ganó finalmente las elecciones y, pocos meses después, tres trabajadoras indefinidas acabaron en la calle (aunque el juez declaro nulo el despido) y el contrato temporal de otras cuatro no fue renovado. La fiscalía mantuvo en la vista de ayer la petición de una pena de dos años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores, mientras que la acusación particular, ejercida por CC OO, solicita tres años por coacciones y amenazas, más una indemnización de 24.000 euros para las trabajadoras y para el propio sindicato. La defensa pide la libre absolución.

La fiscalía esgrimió que los acusados, al tener conocimiento de que Rosana Pérez se presentaba por CC OO, pidieron a la jefa de personal que comunicara a la plantilla que se trataba de un "pulso" a la empresa y que la dirección "no deseaba" que saliera elegida. De lo contrario, habría "represalias" contra Pérez y también "contra las trabajadoras que la hubieran votado". La jefa de personal transmitió lo indicado a Pérez, por teléfono, y a la plantilla del centro, en una reunión.

A. G. C., administradora de la empresa, declaró ayer que "no intenté bloquear nada" y que se enteró del preaviso de la convocatoria de elecciones cuando estaba de viaje en Madrid con su marido, F. M. G. G: "Podíamos haber impugnado las elecciones porque no se avisó a la empresa en tiempo y forma y no lo hicimos".

La propietaria expuso que sólo pidió a la jefa de personal que transmitiera a la plantilla su preocupación por los problemas que podía generar el hecho de que existiesen dos candidaturas, porque la gente "estaba alterada". A preguntas del abogado defensor, A. G. C. también indicó que las elecciones "no tuvieron nada que con los despidos", ya que estos se produjeron por "una bajada del rendimiento". Por su parte, F. M. G. G. argumentó que "no toma las decisiones en la empresa" y sólo es socio. También atribuyó a una "cuestión personal" el proceso judicial abierto porque "tenemos más restaurantes en Asturias" y en ninguno ha pasado nada similar: "Lo único que ha hecho esta familia es reinvertir lo que gana para generar actividad y 150 puestos de trabajo".

Tanto Rosana Pérez como las trabajadoras despedidas relataron que se sintieron "amenazadas" en la reunión convocada por la jefa de personal y que los despidos posteriores vinieron motivados exclusivamente por apoyar la lista de CC OO. Pérez, que quedó blindada al pasar a ser delegada sindical, relató que el mensaje fue que "sí no salía elegida me despedirían y que si salía elegida, despedirían a mis compañeras". Además, indicó que los dueños preferían a la candidata de UGT, esposa de un primo del propietario, porque era vulnerable a las presiones y "podían controlarla".

La jefa de personal alegó que no se dijo "nada de a quién tenía que votar" cada uno. También declaró en el juicio la empleada que encabezó la lista de UGT que, en un confuso testimonio, apuntó primero que la dueña le había pedido que se presentara para, instantes después, cuando F. M. G. G. murmuró unas palabras, dejar de reconocerlo de forma expresa.

La fiscal, que destacó este hecho en sus conclusiones, contrapuso los testimonios "claros y contundentes" de las despedidas con las declaraciones "vergonzosas" de algunos de los empleados que siguen en la empresa. Nuria Fernández, letrada de CC OO, definió estos testimonios como "inconsistentes". Daniel Carrero, abogado de la defensa, remarcó que no se vulneró la libertad sindical porque las elecciones se celebraron, pese a estar "mal convocadas" y que, en todo caso, tener "preferencia" por una candidata no justifica una petición de pena "desproporcionada".