El imparable avance hacia un modelo energético mundial en el que prime el uso de tecnologías más limpias lleva años dejando al sector del carbón en un comprometido punto. Tanto es así que la legislación europea actual fecha el fin de la minería en España en 2019 para las empresas que no sean rentables, es decir, todas las que tengan minería de interior. Además, la obligatoriedad de devolver las ayudas obtenidas desde 2010 hace casi inviable que cualquier compañía minera que haya alcanzado la rentabilidad en estos años pueda continuar con la extracción de carbón. Hunosa no es una excepción. Sin embargo, mientras se buscan fórmulas para poder continuar con la minería del carbón como principal actividad, la hullera pública también trabaja en un futuro paralelo al carbón. Paralelo y "complementario", a ser posible. Sería la llamada "postminería", un área en la que la empresa pública se ha especializado y que podría suponer el mantenimiento de un nicho de empleo importante en todo lo que engloba la recuperación de áreas degradadas por la minería, así como el aprovechamiento de recursos mineros para generar otro tipo de energías.

Ese es el camino por el que la empresa pública quiere transitar para garantizar un amplio volumen de empleo y de actividad. Hunosa está trabajando en varias vías, y hay tres modelos en los que fijarse: el alemán, el británico y el francés. Todos ellos han logrado generar actividad económica vinculada al cierre de las minas a través de distintas vías, siempre con un nexo común: todas ellas son explotadas por empresas públicas creadas para tal efecto. En el caso de España, Hunosa es la que puede jugar ese papel y la que además está en mejor posición para hacerlo. Durante los últimos años ha venido haciendo trabajos en diversos campos, desde la recuperación de escombreras hasta el aprovechamiento de la madera para biomasa o del agua de pozos para geotermia. La normativa europea, además, permitiría este tipo de actividad. Pese a que el cierre de minas y el fin de las ayudas públicas al sector está fijado para el 31 de diciembre de 2018, Bruselas dejó la puerta abierta a que los países miembros pudieran dar otro tipo de subvenciones al carbón hasta 2027. En ese apartado se englobarían las recolocaciones de los trabajadores en otras áreas, las prejubilaciones, y también la rehabilitación de espacios degradados por la actividad extractiva y atender los trabajos de mantenimiento posteriores a la clausura de las minas. En Europa, tres países son los que han comenzado estas labores, con diversos modelos, todos ellos a través de empresas públicas, que han servido para recolocar trabajadores y generar riqueza alternativa al carbón.

El modelo alemán. Alemania decidió en 2007, ya con Angela Merkel en el Gobierno, poner fin a su minería de antracita, hulla y lignito negro, fechando el cierre definitivo del sector, que ya sumaba décadas de reconversión, para el año 2018. Curiosamente, fue la fecha que luego tomó la UE para poner fin a las ayudas a la minería no competitiva en el resto del continente. El sector minero alemán fue uno de los más potentes de Europa, y la reconversión fue progresiva. La minería contaba en 1950 con 600.000 trabajadores, una cifra que en el año 2003 se había rebajado hasta los 45.500 empleos. Un modelo es prácticamente similar al que se ha seguido en España, aunque de mayores dimensiones. Paralelamente a la decisión tomada en 2007 para cerrar las minas una década después, el Gobierno alemán aprueba la creación de una fundación pública, la RAG-Stiftung que, a partir ese momento, iba a tutelar el proceso de cese de la actividad extractiva y todo lo referido a las labores de mantenimiento, vigilancia medioambiental y seguridad en el entorno de las explotaciones de carbón clausuradas, la denominada fase de postminería.

La RAG tiene, como meta primordial, generar activos que contribuyan a financiar los costes "eternos" del cierre de la minería. La división minera tiene aún unos 20.000 empleos, y se marca como objetivo reducir el número de minas de carbón, su producción y el número de empleados de una forma "no traumática", al tiempo que trabaja en la generación de industrias alternativas. La fundación viene dando pasos relevantes en el sector de la energía eólica, fotovoltaica, de biomasa y en el tratamiento, almacenamiento y eliminación de residuos. Asimismo, la RAG financia proyectos de cambio económico y estructural en los territorios.