Todas las responsabilidades a largo plazo que se deriven de la actividad minera una vez que cese esta en 2019 corren de cuenta de la Fundación RAG. Aunque la Fundación entiende que los fondos que obtenga de sus actividades alternativas no serán suficientes, también prevé que los estados mineros de Renania del Norte-Westfalia y el Sarre, así como el Gobierno Federal alemán, de acuerdo con su compromiso público, deberán proporcionar el capital necesario para cubrir de forma permanente responsabilidades a largo plazo como las medidas de drenaje de agua de mina, el tratamiento de aguas subterráneas, el tratamiento de los suelos contaminados, la gestión del agua de la cuenca, las subsidencias mineras y la recuperación medioambiental.
El modelo del Reino Unido. Otra de las potencias mineras en Europa fue el Reino Unido. Entre 1980 y 1993 el número de pozos pasó de 219 a 44, de los que hoy quedan alrededor de una docena. El número de mineros pasó de 232.000 en 1980 a 50.000 en 1993, y ronda hoy los cuatro mil. Para mitigar el efecto de los recortes, el Gobierno puso en marcha en 1984 la Empresa Británica del Carbón (British Coal Enterprise, BCE), que nace como filial de la Carbonera Inglesa (British Coal) y cuyo objetivo principal es impulsar la creación de puestos de trabajo alternativos. Así, se crearon, según las fuentes que se consulten, entre setenta mil y ciento treinta mil nuevos puestos de trabajo, logrando las nuevas empresas una tasa de pervivencia del 70 por ciento.
Los instrumentos con los que operó la BCE fueron: ayudas financieras a través de créditos y aportaciones de capital a nuevas empresas, alquiler de espacios industriales para pymes, apoyo al desarrollo de proyectos económicos locales, programas de ayuda a la búsqueda de trabajo para los mineros despedidos y cursos de perfeccionamiento y adaptación para desempleados. Lo más llamativo respecto al modelo español es que no se contemplaron obras de infraestructuras. En poco tiempo, la BCE se convirtió en la principal promotora de suelo industrial del país mientras que por sus programas de formación pasaron más de sesenta mil antiguos mineros.
Mientras la BCE llevaba a cabo su labor, el Estado británico se dio cuenta de que las minas seguían dando problemas incluso cerradas. Para atender todas estas eventualidades, se creó en 1994 la Autoridad Carbonera (The Coal Authority), un organismo público no funcionarial. La creación coincide con otra fase de cierres y privatizaciones de minas, en esta ocasión impulsados por John Major en 1992. En relación con nuevas actividades empresariales, tramita todas las licencias de explotación de minas de carbón que se solicitan en el Reino Unido. También asesora en proyectos de aprovechamiento del calor del agua de mina. En 2011 se dieron tres permisos para explotar la energía geotérmica de los pozos. Igualmente, The Coal Authority facilita la reutilización de zonas mineras abandonadas por parte de los nuevos proyectos empresariales. Para ello lleva a cabo operaciones de descontaminación de suelos. También ha impulsado parques eólicos y proyectos de aprovechamiento de metano en antiguas zonas mineras.
Los planes de recuperación de las zonas degradadas incluyen actuaciones medioambientales como la plantación de 400.000 árboles, 40.000 arbustos, 30 hectáreas de brezales y 500 metros cuadrados de flores silvestres, algo que en España ya está haciendo Hunosa, por ejemplo, en Figaredo. The Coal Authority también atiende y subsana las denuncias por hundimientos, inundaciones, emisiones de gases, combustión espontánea del carbón y subsidencias cuando las empresas mineras no se hacen responsables o se trata de minas ya abandonadas. La entidad cuenta con una plantilla que ronda los 150 empleados.
El modelo francés. El último pozo francés de carbón cerró en La Houve, en 2004. El proceso administrativo de cierre definitivo del sector minero se había puesto en marcha en Francia en 1990, cuando se clausuraron ya las minas de Nord Pas de Calais, a las que seguirían luego las de Briey-Longwy-Thionville. Aunque ya se venían aplicando medidas de reconversión desde los años sesenta, en La Houve se ponía fin a 250 años de historia minera. Con los sindicatos se había pactado una batería de medidas sociales para hacer menos traumática la decisión. Entre ellas se incluyeron la jubilación definitiva o jubilación anticipada, el traspaso de personal a otras empresas, ayudas a los trabajadores para convertirse en autónomos, ayudas para los trabajadores inmigrantes que deseasen volver a su país. También al principio se contempló el traslado a otras minas.
Por otra parte, se pactaron prejubilaciones con el 75% del salario neto y una indemnización para los mayores de 45 años que llevaran 25 años trabajando, Incapacidades laborales y la creación de una oficina especial de colocación, asesoramiento y orientación. Además, se produjo una diversificación de la compañía estatal, que en 1967 ya había fundado el Sofirem -Sociedad Financiera para la Reindustrialización de las Regiones Mineras-. Cuando cerró el último pozo en 2005, el Sofirem ya había prestado ayuda a más de mil empresas que crearon alrededor de 80.000 puestos de trabajo. Y también se constituyó un fondo para la industrialización de las zonas mineras.
En comparación con el proceso español, llama la atención la ausencia de inversiones en infraestructuras, aunque bien es cierto que las zonas mineras francesas se sitúan cerca de los principales núcleos industriales europeos y ya estaban muy desarrolladas. El fin de la minería y la gradual disolución de las empresas mineras de propiedad pública anunciaba una nueva era en Francia: la era postminería, marcada por las medidas sociales adoptadas para dar una salida a los excedentes laborales.
Ante la asunción de nuevas responsabilidades por parte del Estado en materia de riesgos postmineros, Francia decidió crear un departamento dedicado al seguimiento y la acción preventiva. El departamento encontró lugar en el BRGM, algo así como el Instituto Geológico Minero en España. Hoy es uno de los centros que mayor conocimiento atesora en todo el mundo sobre riesgos y aprovechamiento de los recursos postmineros. La experiencia adquirida le ha llevado ya a exportar sus modelos
El BRGM emplea a más de 1.100 personas, entre ellas más de 700 investigadores e ingenieros (geólogos, hidrogeólogos, geotécnicos de minas, geoquímicos, especialistas en diseño industrial, geofísicos, ingenieros informáticos) y está involucrado en unos doscientos proyectos de investigación que se desarrollan en más de cuarenta países. Actualmente es socio de Hunosa en una investigación sobre aprovechamiento del metano de las capas de carbón que se está desarrollando en el pozo Montsacro.
Se ocupa de la investigación geológica, de marcar directrices sobre los recursos minerales, del impulso de la energía geotérmica y el almacenamiento geológico de CO2, de los riesgos postmineros, de desarrollar tecnologías ambientales, y de gestionar laboratorios y sistemas de información. Con la desaparición del carbón de Francia y otras empresas mineras públicas de hierro y potasio, BRGM pasó a encargarse de la gestión de las antiguas zonas de extracción: gestión del agua de mina, riesgos naturales, almacenamiento geológico de CO2, gestión de residuos, descontaminación y sistemas de información.
Además, el departamento asumió la responsabilidad en materia de seguridad minera, la búsqueda de nuevos usos para el suelo, la gestión del agua de minas, el control del gas, los registros documentales y archivos, la gestión de residuos y depósitos de estériles, las autocombustiones y las tareas de investigación.
Viene de la página anterior
