Justo en vísperas de la Semana Santa, el Albergue de Animales de Mieres estuvo al borde del colapso al no renovar la prestación de servicios la entidad que lo gestionaba aludiendo a la inviabilidad económica de dicha gestión. Posteriormente se vivieron cuarenta y ocho horas de vértigo en las cuales el equipamiento pasó por sucesivas manos hasta llegar a la actual solución transitoria (o al menos así parece serlo). Quiero aprovechar este artículo para agradecer la labor de quienes, de una u otra forma, dedican su tiempo y esfuerzo a los animales allí alojados. A quienes, de alguna manera, se ocupan y preocupan de sostener un recurso y unas instalaciones que en la mayor parte de municipios de nuestra región resultan deficitarios en lo monetario pero muy necesarios en lo social. A quienes, en definitiva, luchan denodadamente por encontrar un hogar a estos animales alejando de las perreras la siniestra sombra de una hipotética ejecución. Gracias a todas estas personas.
Ahora bien, confío en que la crisis acaecida en nuestro Albergue no sirva de coartada para desempolvar un antiguo y viejo anhelo de ciertos dirigentes de IU de Mieres aún no del todo amortizados. Dicho anhelo consistiría en aplicar un tributo, tasa o impuesto por tenencia de mascotas. Esa idea me consta que revolotea periódicamente en la "masa gris" de ciertos cerebros próximos a Aníbal Vázquez (no se mofen los lectores, que alguno hay) y por eso pretendo mediante estas líneas aplicar la venda antes que la herida se produzca. Para ello voy a emplear públicamente los mismos argumentos que cuando tuve ocasión utilicé ante estos pertinaces y vocacionales "recaudadores".
Seguramente, la víctima propiciatoria del impuesto serían los propietarios de perros. Puede que también los de gatos. No creo que el canario y la tortuga sean destinatarios de la hipotética ordenanza. Así pues, se cobraría un canon a cada propietario y a cambio se habilitaría alguna papelera o un área verde para mascotas que en breve plazo pasará a ser un formidable matorral impracticable. Además se financiaría la perrera y se desmotivaría a futuros propietarios para minimizar así el índice de abandonos.
Sin embargo, a efectos prácticos, sostengo que se produciría una penalización al ciudadano que tiene a sus perros en regla y registrados mediante microchip, dado que el mercado clandestino y los animales destinados a actividades ilegales viven en "otro universo" y los controles no les alcanzan. Buena parte de los abandonos y situaciones de maltrato provienen de ese ámbito. Una vez más, usted y yo, seremos objeto del impuesto ya que se nos considera presuntos irresponsables aunque demostremos lo contrario día tras día. En definitiva, ello traerá consigo un efecto disuasorio que llevará al borde del cierre a criadores, almacenes de piensos, peluquerías caninas, tiendas de accesorios para mascotas, clínicas veterinarias, etc... siendo conveniente recordar que todos los mencionados pagan el IAE y cotizan. Por tanto, tampoco las arcas de las administraciones saldrán beneficiadas en cómputo global. Por añadidura, las adopciones bajarán drásticamente y los abandonos aumentarán de forma inversamente proporcional con lo cual el albergue precisaría de muchos más recursos que los recaudados llegando a colapsar.
¿Y los cazadores? No hay que olvidar que, pese a ser un motor económico, resulta un colectivo ya bastante "esquilmado" y que la actividad cinegética requiere de los canes como inestimable ayuda. Si bien es cierto que siempre pueden dejar la caza y hacerse todos numismáticos o filatélicos (dicho desde el respeto a mis amigos coleccionistas de monedas y sellos).
Nuestros legisladores, generalmente "urbanitas", olvidan una vez más que en las zonas rurales nuestros perros suelen vivir y trotar en fincas particulares. ¿También se aplicaría esa tasa en los pueblos? En esos benditos pueblos donde nada les pedimos a nuestros munícipes porque hace mucho que ya nada esperamos de ellos... como mucho, que nos dejen en paz.
Si al menos alguien hablara de recuperar la figura de los Servicios Veterinarios Municipales o se proyectaran campañas de vacunación antirrábica gratuita o se dispusiera de un servicio de recogida por parte del Ayuntamiento cuando muere uno de nuestros perros..., pero nada de eso se menciona nunca. Ni tampoco se les cae la cara de vergüenza mirando a la perrera de La Cabana, instalación ruinosa sin llegar a ser inaugurada.
En definitiva, sirva este artículo como "aviso para navegantes" ya que aunque no exista todavía esa ordenanza no es malo anticiparse a las tendencias y reflexionar sobre posibles escenarios venideros. Al fin y al cabo siempre es más legitimo hacer un ejercicio de futuribles desde el articulismo que gobernar instalado en la "política-ficción".
