Los túneles de la antigua carretera de Mieres a Oviedo (N-630), que suponen un claro peligro, sobre todo para los ciclistas, seguirán sin iluminación. El Ministerio de Fomento rechazó esta posibilidad bajo el argumento de que el real decreto sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado sólo obliga a colocar señalización en este tipo de tubos bidireccionales y de menos de 200 metros de longitud. El Ejecutivo daba respuesta así a una pregunta realizada por el diputado del PSOE, Antonio Trevín, que reclamaba la colocación de luminarias en estas infraestructuras. La demanda del socialista viene motivada por el ingente número de accidentes que ocurren en este tramo, considerado como uno de los puntos negros de la comarca.
La respuesta del Ministerio de Fomento es clara: "Su iluminación no es preceptiva" de acuerdo con el real decreto anteriormente citado. Este documento, publicado en el Boletín Oficial del Estado en mayo de 2006, da cuenta de que el único requisito de los túneles bidireccionales de longitud igual o menor que 200 metros, caso de los tubos que están en la antigua carretera a Oviedo, es la señalización "según norma 8.1 y 8.2 IC.". La excepción se da cuando se trata de un túnel con la mismas características, pero urbano. En ese caso sí precisa, además de la señalización, de iluminación normal, de seguridad y de emergencia.
Tráfico
El planteamiento del Ejecutivo central contrasta con la postura de la dirección general de Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior. La jefa provincial de Tráfico, María Ángeles Mallavibarrena, firmó un documento donde se reconoce que "se aprecia una clara deficiencia en el interior de los túneles al no estar iluminados". Situación que se agrava, sigue el escrito, "al carecer de arcén y tener que circular por la calzada". Por todo ello se considera "conveniente" la instalación de un sistema de iluminación artificial en estos tubos. Pero en Tráfico no son los únicos que apoyan la iluminación de estos túneles, también desde el Principado de Asturias se hicieron eco de esta demanda, aunque dejaron claro que, en este caso, la competencia es del Gobierno central.
