El gobierno de Mieres volverá este viernes a reunirse con los representantes de la plantilla tras más de dos meses sin diálogo. La reunión llega después de que el comité de empresa, según explicaron sus portavoces, haya denunciado ante la Inspección de Trabajo el "incumplimiento" de las convocatorias pactadas para este tipo de encuentros. Y es que ambas partes no se ven las caras desde que a principios de marzo un grupo de funcionarios irrumpiera en una reunión del comité de empresa con el concejal de Personal para intentar forzar, casi a las bravas, un acuerdo sobre la reducción de la jornada.
CC OO insistió ayer en que esta reclamación sigue en pie y que será trasladada de nuevo al edil de Personal, que pese a que inicialmente comunicó a nivel interno su intención de dejar el cargo ha decidido seguir en su puesto. El que no participará en la reunión será el dimitido presidente del comité. Fabián Álvarez (UGT) reunió a su puesto tras lo sucedido en la tensa asamblea de trabajadores que se celebró hace dos meses. El dirigente sindical percibió que el principal órgano de representación fue "desautorizado" en la citada reunión, en la que un grupo de trabajadores decidió impulsar un acuerdo para saltarse el horario vigente de 37,5 horas semanas y reducirlo unilateralmente a 35 horas.
El gobierno local ha venido manteniendo el control habitual sobre el cumplimiento de los horarios. De hecho, se han modernizado algunos equipos para facilitar que se pueda fichar incluso desde ordenadores. Ahora bien, de momento no ha trascendido que se haya sancionado a ningún trabajador por incumplir el horario. El comité de empresa volverá a poner este viernes sobre la mesa su reivindicación para que se reduzca la jornada laboral.
La realidad es que el gobierno local se niega a reducir la jornada de 37,5 horas semanas. Sus motivos son de peso. Sería ilegal y, además, hay un sentencia judicial concreta que lo dictamina. La Policía Local logró alcanzar un acuerdo para organizar el servicio atendiendo a la ley, pero no así el resto de servicios. Además, mientras el comité de empresa intentaba apurar las posibilidades de acuerdo, un grupo de trabajadores, la mayoría pertenecientes a lo que popularmente se denomina la Casona, irrumpieron en la sala de reuniones para reprender al concejal exigiendo, airadamente, las 35 horas semanales. Tras el incidente, el comité de empresa convocó una asamblea general. El citado grupo de trabajadores impulsó la firma de un documento que pretendían trasladar al Alcalde para que asumiera en persona la fallida negociación. Mientras tanto, estos trabajadores acordaron que serán insumisos en lo que al cumplimiento de la jornada de 37,5 horas semanales se refiere. La medida no encontró el respaldo del comité de empresa y, como resultado, su presidente dejó el cargo.
