El ministerio fiscal solicita penas de 8 años de prisión para el empresario minero Victorino Alonso y el jefe de explotación del pozo Nueva Julia, en Cabrillanes (León) así como una multa de 30 millones de euros como presuntos autores de un delito continuado contra los recursos naturales.
El delito se habría cometido en dos explotaciones propiedad de la Minero Siderúrgica de Ponferrada y con anterioridad de Coto Minero Cantábrico, La Mora y Nueva Julia, ambas explotaciones en el Alto Sil.
El informe de la Fiscalía apunta que se produjeron daños "muy graves" contra el medio natural en esa zona de explotación y no se ha procedido a su restauración, pese a los requerimientos de la Junta o incluso a la multa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le puso a España por esas explotaciones.
Añade que esa zona es de especial protección al tratarse de una Reserva de la Biosfera con especies en peligro de extinción como el oso o el urogallo. Los daños producidos son numerosos, según la Fiscalía y van desde la contaminación de las aguas hasta el daño en árboles y brezos a lo largo casi 20 hectáreas de las explotaciones. A ello se suma la falta de licencias de apertura e incluso de declaraciones de impacto ambiental.
