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Las políticas energéticas de la Unión Europea

Bruselas baja el límite de emisiones de las térmicas, que deben adaptarse para 2021

Las compañías eléctricas tendrán que afrontar nuevas inversiones para reducir la expulsión de gases si quieren que sus plantas sigan activas

La central térmica de Soto de la Barca. MIKI LÓPEZ

El sector de la minería del carbón en España tiene numerosas espadas de Damocles apuntado sobre su cabeza. Y la gran parte de ellas llega desde Europa. Si la Decisión 787 que obliga a cerrar las minas no competitivas el 31 de diciembre de 2018, y a devolver las ayudas públicas recibidas desde 2010 a aquellas que quieran mantener la actividad es uno de los grandes problemas del carbón, no lo es menos las restricciones de emisiones impuestas desde Bruselas. Y es que para seguir quemando carbón y cumpliendo con las normativas comunitarias, las eléctricas deben adaptar sus centrales térmicas y realizar millonarias obras que dudan si afrontar. Los últimos movimientos normativos en Europa han establecido una reducción aún mayor de las emisiones permitidas, lo que deja a las eléctricas, y por ende, al carbón, en una delicada tesitura.

La Comisión Europea aprobó hace casi dos meses un texto bajo el epígrafe "Bref", un acrónimo en inglés de "Best Available Technology Reference", lo que traducido sería "mejor tecnología disponible", y que incluye una serie de valores máximos de emisiones que serán de obligado cumplimiento para todas las centrales térmicas a partir de 2021. Esta situación deja a las térmicas en una encrucijada, pues el plazo para cubrir las inversiones de desnitrificación y desulfuración para adaptar los valores de dióxido de azufre (SO2) y de óxido de nitrógeno (NOX) se ha reducido.

Desde la entrada en vigor del Plan Nacional de Transición, el sector energético estaba investigando en diferentes vías para lograr una combustión natural más limpia del carbón, de forma que las obras que igualmente tendrían que hacer para adaptar las centrales térmicas redujeran notablemente sus costes. Sin embargo, la necesidad de cumplir los valores establecidos en el citado documento "Bref" deja a las empresas eléctricas en una difícil posición, ya que tendrán que reducir aún más las emisiones previstas. El nuevo documento establece una rebaja de en torno al 35% sobre lo previsto en la Directiva de Emisiones Industriales (DEI) en lo referente al SO2, mientras que en el caso del NOX, esa reducción se queda en el 25%.

Esas cantidades suponen una inversión a mayores de la que las empresas debían de realizar y que se fijaba en el entorno de los 170 o 180 millones de euros. Además, las compañías eléctricas deberán afrontar solas, en principio, este coste de adaptación. Y eso que los sindicatos mineros pelearon por un sistema de primas al consumo de carbón que permitiese subvencionar esos trabajos. Tras expirar el real decreto de la administración Zapatero, las centrales mineras negociaron durante meses con el Gobierno una fórmula para incentivar el consumo de carbón nacional. De ahí salió una propuesta, bajo el epígrafe de "pagos por capacidad", que consistía que el Gobierno financiaría parte de las inversiones medioambientales en las térmicas si las eléctricas consumían en las mismas carbón autóctono. Finalmente, Bruselas no autorizó esta fórmula, dejando al sector y concretamente a las empresas mineras sin ninguna baza con la que poder competir con otros carbones. Y es que hasta hace poco, importar el carbón de países como Sudáfrica o Colombia era más económico, independientemente de las condiciones en las que trabajaran sus obreros.

La restricción de emisiones a mayores acrecienta los problemas de un sector que sigue peleando por vivir.

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