El derribo del viejo cuartel de la Guardia Civil de Langreo se iniciará a principios de agosto. El procedimiento de contratación de la empresa que ejecutará la demolición comienza ya dado que el Ayuntamiento ya ha remitido el anuncio al Boletín Oficial del Principado (BOPA) para su publicación, que previsiblemente se realizará hoy, aseguró el Alcalde, Jesús Sánchez. El plazo fijado para que las empresas presenten sus ofertas es de quince días por lo que el gobierno local estima que a principios de agosto ya está en marcha el derribo del viejo acuartelamiento, ubicado en Langreo Centro.
La obra tiene un presupuesto de 100.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El Ayuntamiento adjudicará los trabajos aunque posteriormente será Sogepsa, la propietaria de la parcela, la que abonará los costes en tres plazos. Ese es el acuerdo alcanzado por el Consistorio y la sociedad regional para demoler el edificio, que está en ruina. El solar será cedido temporalmente al Ayuntamiento, que habilitará un aparcamiento temporal mientras que Sogepsa no desarrolle la operación residencial prevista.
El Consistorio tiene previsto ejecutar trabajos de acondicionamiento en la parcela antes de abrirla como estacionamiento. Una actuación que no se incluye en los trabajos de demolición sino que será contratada aparte, indicó el regidor. Los trámites para el derribo del viejo cuartel figuraba entre las primeras medidas anunciadas por el gobierno formado por IU y Somos al inicio del mandato.
Sogepsa firmó un convenio con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), organismo dependiente del Ministerio del Interior, y con el Ayuntamiento de Langreo para la construcción del nuevo acuartelamiento. La sociedad regional recibiría el solar del viejo edificio y una parcela próxima al nuevo cuartel, cuyo uso sería residencial. La parcela tiene 3.947 metros cuadrados. Las discrepancias entre Sogepsa y la GIESE respecto al desarrollo del convenio retrasaron la apertura del nuevo acuartelamiento. Con su puesta en marcha no se solucionaron las diferencias, centradas en el IVA de la obra y la propiedad de la parcela en la que se asienta el viejo edificio, para lo que recurrieron a los tribunales.
