El turonés Pablo Santos García encara la batalla más dura de su vida. Lleva un año y tres meses sin ver a su hija Noa, que viajó a Uruguay con un billete de ida y vuelta. No regresaron en la fecha prevista: en mayo de 2016. "Lo único que quiero es tener un juicio justo para recuperar a mi niña", afirma Santos García.
El turonés cuenta con el apoyo de sus vecinos, en un sólido respaldo que encabeza la entidad Mejoras del Valle. Además, está en marcha una recogida de firmas en la plataforma Change.org que ha recogido ya 1.800 apoyos. Está dirigida al Defensor del Pueblo, al Ministerio de Justicia y a la Embajada de España en Uruguay y persigue "que desde alguna de estas instituciones se tomen medidas para desenredar la maraña burocrática y legal que impide que se cumpla la sentencia dictada en Uruguay que determina que la menor debe volver a España".
Una maraña que empezó en mayo de 2016, cuando Pablo denunció ante los Mossos d' Esquadra (actualmente trabaja en Lleida como técnico de rayos) que su hija no había vuelto de las vacaciones con su madre en la fecha prevista. La demanda se formuló por sustracción internacional de menores.
Uruguay dictó una sentencia que obligaba a la vuelta de la menor, pero el Juzgado de Vielha (Lleida, Cataluña) se declaró incompetente internacionalmente. Así, no homologa una serie de medidas cautelares que son imprescindibles para la vuelta: "No pido nada que no me corresponda, sólo que la niña pueda venir y su mamá para que haya un juicio justo y se delibere lo mejor para su futuro", afirma el turonés, que también deja claro que "no hablaré mal de la mamá de mi hija, porque ella la ama".El proceso
El proceso está siendo muy complicado. A través del Convenio de la Haya de 1980, Santos presentó una solicitud de restitución ante el Ministerio de Justicia. Dicha autoridad remitió la solicitud al país en el que está la pequeña, y Uruguay inició el procedimiento. En agosto de 2016, la madre se opuso al retorno, alegando que la menor había sido objeto de abusos sexuales por parte del padre cuando convivían en Vielha y que tanto la pequeña como ella habían sido víctimas de violencia doméstica.
En Montevideo se celebró una comparecencia de las partes, Santos únicamente representado por un abogado de oficio, en la que se llegó a una serie de acuerdos a cambio de que madre e hija retornen a España. El Juzgado impuso de oficio, a la vista de las manifestaciones de la madre sobre supuestos abusos y maltratos, una serie de medidas cautelares protectoras para las dos, que únicamente tendrían validez con el retorno de la menor y mientras los juzgados de Vielha investigan los hechos denunciados por la madre.
El Juzgado de Vielha no llegó a homologar esta sentencia en España en el plazo previsto, de 30 días naturales. "El juzgado pretende, erróneamente, tramitar el procedimiento como si se tratara de una ruptura de pareja de mutuo acuerdo, de forma que las partes ratifiquen en el acuerdo adoptado en Uruguay cuando lo que debería haber hecho es, simplemente, homologar las medidas cautelares a fin de que en España estuvieran reconocidas", informan los representantes legales de Santos.
El turonés ha intentado aducir que no es un procedimiento de mutuo acuerdo, sin que la madre de Noa haya comparecido para ratificarlo. Aún así, un juzgado de primera instancia en Uruguay volvió a determinar la restitución de la menor a España sin ningún tipo de medida cautelar. Tras una apelación en Uruguay, vuelven al estado anterior: se dicta la vuelta a Cataluña pero con medidas cautelares que sólo se hacen viables con la menor en territorio nacional.
Actualmente, no existe ninguna resolución ni sentencia que dictamine que la menor pueda residir legalmente en Uruguay.
