El Ayuntamiento de Mieres deberá cumplir una serie de requisitos para prevenir cualquier tipo de fraude a la hora de desarrollar los proyectos incluidos dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). El Ministerio de Hacienda reclama al consistorio mierense, como paso previo a la ejecución de las actuaciones que serán financiadas con 5 millones de fondos Feder, que asuma la aplicación de un sistema de autoevaluación del riesgo de fraude. Así, la administración local deberá informar regularmente a la central tanto de las medidas adoptadas en este sentido como de su resultado.
La Corporación mierense aprobará hoy, en sesión plenaria extraordinaria, una declaración contra el fraude y la corrupción a través de la que se compromete, como exige el Ministerio de Hacienda, a mantener su "compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales". La finalidad de esta iniciativa es lograr que los ayuntamientos que se beneficiarán de este programa, cuya ejecución se prolongará hasta 2020, actúen bajo "estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes".
El Ayuntamiento de Mieres dispondrá de cinco millones -concretamente 4.999.705,54 euros- para mejorar la actual estructura urbana del concejo. El Ministerio de Hacienda confirmó en octubre a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) que el proyecto presentado por Mieres para acceder a los fondos del plan Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado es una de las cerca de un centenar de actuaciones seleccionadas en España para ser financiadas con fondos Feder. El plazo de ejecución se prolonga hasta 2020. Asturias optaba a 25 millones de financiación para este tipo de proyectos, pero finalmente la cuantía aprobada por el Estado es de 15 millones, ya que Avilés recibirá 10 millones. Gijón, en el apartado de eficiencia energética también recibirá 22 millones.
El Ayuntamiento de Mieres espera licitar en breve la primera actuación enmarcada en el programa. Se trata de la construcción de una aparcamiento con capacidad para 300 plazas en Oñón, proyecto que costará unos 240.000 euros. La administración local, en respuesta a los requerimientos de Hacienda, deberá extremar la vigilancia en todo proceso para garantizar la transparencia de los procedimientos administrativos. En concreto, el Ayuntamiento deberá velar por los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre hombres y mujeres.
Al final, el objetivo de esta política es promover "una cultura que permita identificar, desalentar y prevenir toda acción fraudulenta, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión".
Así, el Pleno local aprobará hoy una iniciativa, respaldada inicialmente por el gobierno local de IU y los grupos municipales del PP y del PSOE, para ejecutar una política de tolerancia "cero" con el fraude y la corrupción.
