Catorce concejos asturianos se han adherido ya al Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres impulsado por el Gobierno regional. El Ayuntamiento de Laviana ha sido el último en sumarse a esta iniciativa con un proyecto que integra 28 acciones en materia de sensibilización, educación, prevención, protección y atención integral a las víctimas de malos tratos, una decisión que lo convierte en un municipio “más igualitario, más libre y más seguro”, aseguró el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, el acto celebrado en el Ayuntamiento de Laviana.
El titular de Presidencia agradeció el compromiso del alcalde, Adrián Barbón, y de las asociaciones y entidades del Consejo de Mujeres de Laviana, que han planteado una hoja de ruta con objetivos firmes y definidos, y les ha animado a llevar el plan “a cada rincón del concejo”. Este municipio “siempre ha sido un buen aliado del Gobierno de Asturias en la lucha contra el maltrato y a favor de cualquier iniciativa que ayude a defender los derechos de las mujeres”, indicó.
El consejero de Presidencia aseguró también que quedan aún muchos retos pendientes ante la lacra de la violencia machista, que ha causado este año 34 asesinatos en España. En Asturias, donde no se ha registrado ninguna víctima mortal en el primer semestre, se presentaron en los primeros tres meses del año 723 denuncias, lo que representa un 12% más que en el mismo periodo de 2016, cuando se registraron 645. En la primera mitad del año se contabilizaron en la región 1.163 casos de violencia de género. De ellos, 504 han requerido protección policial: tres casos de riesgo alto, 79 de riesgo medio y 422 con riesgo bajo.
Desde la puesta en marcha del Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres el 21 de julio del pasado año, un total de 46 entidades y más de un centenar de personas a título individual han suscrito, desde diferentes puntos de la comunidad, un compromiso que refuerza las políticas para erradicar la violencia de género. El pacto incluye 150 medidas con un presupuesto de 8,9 millones para su desarrollo hasta el año 2019. Por ahora, se han impulsado 131 de ellas, que representan un 87% del total y han supuesto una inversión de 2,7 millones. Esas acciones se dividen en cuatro ejes de intervención: sensibilización y prevención, atención integral a las víctimas, colaboración institucional y revisión para la mejora continua.
