El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio reunirá el próximo mes la comisión municipal de deslinde para analizar la interposición de un recurso administrativo contra los límites territoriales con Langreo fijados por el Principado. Su tesis no ha sido refrendada ya que la administración regional se basó en el deslinde practicado en 1889, en línea con lo defendido por el Ayuntamiento de Langreo y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Contra la resolución se puede presentar un recurso ante el Consejo de Gobierno pidiendo la anulación o revocación de la resolución pero también recurrir a la vía judicial.

En la reunión que se celebrará las próximas semanas la comisión de deslinde estudiará si interpone el recurso administrativo, indicaron fuentes municipales. San Martín apoyó la línea establecida en 1918. A lo largo del procedimiento, Langreo apoyó el estudio realizado por el IGN, aunque ya antes era coincidente con sus tesis en gran parte del trazado. Se basaron en el deslinde entre los dos concejos practicado en 1889. El Principado decide también que las actas válidas son las de ese año, dando por tanto la razón al Instituto Geográfico Nacional y a Langreo. Expone en la resolución que son los "documentos más antiguos, de entre los existentes conocidos, que reflejan una operación realizada de conformidad con los concejos interesados".

Respecto a la línea trazada en 1918, el Principado subraya que "no sólo no fue practicada de común acuerdo entre los ayuntamientos sino que, además, es posterior en el tiempo". El documento refleja que los pueblos ubicados en el área de conflicto (El Carbayal y Foyeo) seguirán siendo langreanos. El litigio se centró en una superficie de 306 hectáreas.

Sólo el Ayuntamiento de San Martín presentó alegaciones contra el informe del Instituto Geográfico Nacional, que no es vinculante. La decisión final correspondía al Gobierno regional. La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente constata en la resolución que han existido problemas para "salvar las dificultades interpretativas del acta de 1889", como afirma el Ayuntamiento de San Martín, pero "no es insalvable". De hecho, el Centro de cartografía y el organismo dependiente del Ministerio de Fomento han recurrido a otros documentos que permitieron conocer cuál era la ubicación de los mojones.

El Principado asume los argumentos dados por el ING para defender que el acta de deslinde válida es la de 1889. Los dos municipios recurrieron en el año 2012 al Instituto Geográfico Nacional ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre sus límites territoriales. Tras meses de trabajo y después de reuniones conjuntas de las dos comisiones municipales de deslinde, el Principado decidió que el procedimiento se retomase en la etapa de instrucción. Ahora, ya ha estudiado el problema y tomó una decisión.