El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio pretende solicitar a la Delegación del Gobierno Central en Asturias la autorización para instalar una cámara de videovigilancia en el parque de La Laguna, en El Entrego. El argumento principal de esta petición son los "cuantiosos daños que se producen de manera continuada como consecuencia de los actos vandálicos, que afectan principalmente a la zona infantil de juegos y a los aseos públicos".

El alcalde de San Martín, Enrique Fernández, aseguraba ayer que "nos vemos obligados a tomar esta medida ante la falta de respeto por parte de vándalos hacia los equipamientos públicos que son de todos, con los consiguientes perjuicios económicos para el Ayuntamiento". El regidor quiso matizar que "quienes respeten las instalaciones, no han de temer por su intimidad, pero los que no lo hagan tendrán que asumir las consecuencias".

La normativa que regula la instalación de estas cámaras es bien clara. Las imágenes que se graban, se borran al cabo de una periodicidad determinada y sólo se visionan por parte de la Policía Local en el supuesto de que se produzca alguna incidencia respecto al mobiliario e instalaciones. Además, la instalación de este dispositivo traería consigo la colocación en la zona de cuatro carteles anunciadores con la leyenda de "zona videovigilada".

No es la primera vez que el Ayuntamiento de San Martín toma esta decisión. A finales del año 2015 ya se colocaron tres cámaras de videovigilancia en el parque de El Florán, en Blimea, como consecuencia de los daños que se venían produciendo en el mobiliario urbano durante los últimos meses. Ya entonces se consideró la posibilidad de ampliar la medida a otros emplazamientos del municipio que lo necesitaran, como ha surgido ahora con el parque entreguín de La Laguna. La medida fue muy beneficiosa, sobre todo para el mobiliario de las instalaciones blimeínas. Es por eso que ahora se apueste por colocar un nuevo dispositivo en la nueva ubicación.

Para el Alcalde, la instalación de este tipo de cámaras "es una tendencia creciente en los municipios españoles y la lógica nos dice que los costes del servicio de mantenimiento son siempre mucho menores que los generados por la reposición del material urbano atacado". Remarcó Fernández que el objetivo de la colocación de este tipo de dispositivos es "disuadir de las conductas incívicas que afectan a la conservación de los equipamientos públicos".