El almacén estratégico de carbón fue una iniciativa adoptada por el Gobierno central en el año 2009. Ante la parálisis en la compra de mineral autóctono por parte de las térmicas, el Ejecutivo encomendó a Hunosa la adquisición y custodia del carbón para evitar el colapso de las minas privadas. El mineral se depositó en las instalaciones de empresas de Victorino Alonso, pero Hunosa detectó en 2012 la desaparición de 578.000 toneladas de mineral y llevó el caso a los tribunales.
Las distintas sentencias judiciales especificaron que dos empresas propiedad del magnate leonés debían indemnizar a la hullera pública. Unión Minera del Norte (Uminsa), debía abonar 28 millones por el carbón desaparecido y 8 millones en intereses y costas. Coto Minero Cantábrico (CMC) debía pagar 18 millones más, una cantidad que también podría verse aumentada por los intereses y las costas judiciales.
Hasta ahora Hunosa ha cobrado 8 millones. Sin embargo, temía una estrategia de Alonso para evitar el pago del resto del dinero al ceder las explotaciones de Uminsa a Prosimet. Por eso presentó una querella que fue admitida a trámite contra ambas compañías a las que acusaba de "frustración de ejecución" de sentencia y de "alzamiento de bienes" ya que, según su argumentación, Uminsa se estaría deshaciendo de sus bienes en favor de la empresa Prosimet, con el fin de "dilatar, dificultar o impedir" el embargo de las ayudas estatales que percibe y, por tanto, el cobro de la deuda por parte de la hullera estatal Hunosa.
