Los alcaldes mineros mostraron ayer su más firme rechazo al real decreto para el cierre de las centrales térmicas que prepara el Gobierno central. La Asociación de Comarcas Mineras (Acom), que ayer reunió en Oviedo a sus socios, argumentó la necesidad de garantizar el suministro, "que no se sostiene únicamente con las renovables", así como el control del precio de la energía. También esgrimen razones de sostenibilidad social, así como una forma de mantener el sector del carbón en España.

El presidente de Acom y alcalde de Laviana, Adrián Barbón, señaló que la reunión de la entidad "se debe a la necesidad de fijar una postura respecto al real decreto, ya que tenemos de plazo hasta mañana". El planteamiento respecto a las térmicas "es contrario al del Gobierno, porque creemos que hay que garantizar el suministro eléctrico, por lo que ninguna de las actuales centrales puede ser clausurada". No se negó el responsable de Acom a la transición energética, "tendremos que abordarla, pero actualmente las renovables necesitan fuentes de respaldo, y ahí entra en juego el carbón autóctono". Asimismo, destacó que es una forma de controlar el precio de la energía al no tener tanta dependencia.

Pero la reunión de la comisión permanente de la Asociación de Comarcas Mineras también aprovechó ayer para hacer balance del cumplimiento del plan de la minería por parte del Gobierno. Aquí Barbón destacó dos aspectos, como las ayudas empresariales y los fondos mineros, "donde no apreciamos ningún tipo de voluntad política, tampoco para garantizar el futuro del sector del carbón, que se encuentran inmerso en una grave crisis con gran parte de sus empresas en situación de concurso o liquidación". Por eso el responsable de Acom reiteró su petición para que "cumplan con el plan firmado y garanticen un hueco térmico para el carbón dentro del mix energético, algo que daría estabilidad al sector".

En cuanto a los fondos mineros, Barbón denunció que "siguen sin invertir un solo euro, pero es que tampoco han avanzado en el proceso, porque sólo se ha firmado el protocolo de actuación con Castilla y León, mientras que Asturias ya ha hecho los deberes y les ha enviado los proyectos que quieren desarrollar". Más de lo mismo con los fondos para empresas, "que se gestionan tarde y no se están dando los fondos previstos". El presidente de Acom señaló que en 2016 se invirtieron 44 millones de euros para estas ayudas, mientras que en el actual ejercicio se habían reducido casi a la mitad, según el borrador de los Presupuestos Generales del Estado. Esta cantidad se redujo aún más cuando salió la convocatoria, un 82%, con sólo 8,25 millones de euros.

A pesar de las quejas, Barbón señaló que "también queremos hacer un balance positivo" y aludió al dictamen del comité económico y social europeo que solicitaba una transición energética para las comarcas carboneras de entre 25 y 50 años que podría ser una solución para que continuase la actividad extractiva. "El informe dice que tiene que realizarse un plan de revitalización de los territorios mineros que tendría que abordar el Gobierno de España", subrayó, destacando que hay comarcas en León y Asturias "que lo tendrán muy difícil para sobrevivir sin el carbón". Un plan en el que los ayuntamientos mineros "queremos participar, así como las comunidades autónomas". Sin embargo, como con el plan de la minería, "lo que falta es voluntad política por parte del Ejecutivo, que debería dejarse de jugar al escondite y afrontar el problema".

Tampoco obvió el presidente de la Asociación de Comarcas Mineras la decisión europea que pone fecha de cierre a las explotaciones deficitarias. "Si yo estuviera ahora en el Gobierno, estaría en la Unión Europea negociando la manera de que las empresas que pueden salir adelante no tuviesen que devolver las ayudas cobradas o, en caso contrario, ver cómo podrían devolverlas a plazos", apostilló. En lugar de eso, "el Gobierno está dejando morir el sector".