Gaspar Llamazares, portavoz parlamentario de IU en la Junta General del Principado de Asturias, ha registrado una batería de preguntas sobre qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno regional para salvaguardar como patrono la propiedad intelectual de los productos del centro europeo de Soft Computing, actualmente en liquidación, que se ubicaba en el edificio de investigación del campus de Mieres. Y es que este proceso, que se lleva dilatando desde hace veinte meses, ha paralizado la venta de los innovadores programas desarrollados en el centro. Entre ellos se encuentra "Face2Skull", un software capaz de identificar cadáveres a partir de imágenes con la aplicación de técnicas de lógica difusa.
El portavoz de la coalición de izquierdas pretende saber qué medidas ha tomado el Ejecutivo autonómico para desarrollar los proyectos en marcha y su comercialización, haciendo especial hincapié en el ya citado "Face2Skull". "Es uno de los productos más innovadores y comercializables del centro europeo de Soft Computing", subrayó Llamazares, señalando además que "es un ejemplo más del esperpéntico proceso llevado a cabo por el Gobierno asturiano con esta entidad". No es la primera vez que lo ocurrido con el centro europeo de Soft Computing llega a la Junta General del Principado, sobre todo desde que se decidió el cierre de las instalaciones y su posterior liquidación. Aquí la responsabilidad no era únicamente de la administración regional, sino que se compartía con la Fundación Bancaria Cajastur.
El soft computing (lógica difusa) es una rama de inteligencia artificial que describe de forma precisa todo lo impreciso. La investigación para el programa "Face2Skull" se afanó en la búsqueda de algoritmos que consiguieran dibujar la sonrisa de una persona a partir de la mandíbula de un cráneo. Esto significó cinco años de investigación, durante los que la Universidad de Granada colaboró con el centro mierense con recursos humanos y financiación; y otros tantos para patentar el software, con la colaboración (al 50%) de la empresa Treelogic. De hecho, el centro inició su comercialización, siendo la Procuraduría de Justicia de México (entidad con competencias similares a las de la Fiscalía del Estado en España) la que compró el innovador software. Investigadores y dirigentes mexicanos alcanzaron el acuerdo de que la Procuraduría contaría con el sistema conectado en red con el centro de Soft Computing. Así, desde México podrían utilizar en todo momento el sistema pero los algoritmos del software continuarían en Mieres. El objetivo era salvaguardar la propiedad intelectual. Sin embargo, actualmente el acuerdo no es válido y el sistema no se puede comercializar, ya que los algoritmos dejaron de funcionar cuando se cerró el centro en febrero del año pasado, las pérdidas pueden ser cuantiosas.
