Faith, una mierense que fue trasladada desde Nigeria por la mafia de la prostitución, vive en una casa que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad. La mujer, que vive con su hijo, dio a conocer su caso a través de LA NUEVA ESPAÑA: pedía ayuda porque el Ayuntamiento le había respondido que no había viviendas de emergencia social vacías. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) acudió ayer a Mieres para presentar un recurso que solucione el caso de Faith. Los responsables de la PAH afirman que la gestión de las viviendas de emergencia social depende, por decreto, de la Dirección General de Vivienda del Principado. Por eso, a través de un contencioso-administrativo, instan al Ayuntamiento de Mieres a remitir al Gobierno regional la solicitud de Faith y todas las solicitudes pendientes. Van más allá: aseguran que el procedimiento actual vulnera la Constitución y amenazan con acudir al Juzgado.

"Lo que están haciendo es una incorrección, cuyo único culpable tiene nombre y apellidos", aseguró Miguel Ángel García, uno de los portavoces de la plataforma. Se trata, añadió, de Fermín Bravo, director general de Vivienda: "Desde que llegó al cargo, ha utilizado a los ayuntamientos como lavamanos". Para explicar esta afirmación, hay que remontarse a 23 de febrero de 2017. Fue entonces cuando la corporación de Mieres aprobó la constitución de un registro municipal de necesidad de vivienda por causa de emergencia social.

Ese inventario de viviendas, afirmó ayer García, "incumple el decreto de adjudicación de vivienda social del Principado de Asturias". Ese decreto establece que los Ayuntamientos sólo tienen potestad para emitir un informe favorable o desfavorable de los solicitantes, para su tramitación en la Dirección General de Vivienda. "Lo que se está haciendo ahora es irregular", afirmó el portavoz de la PAH.

Es cierto que el Ayuntamiento de Mieres no denegó una casa a Faith. Pero el informe emitido por la oficina municipal dictamina que "esta petición está en proceso de tramitación y siendo un programa dependiente de la disponibilidad de vivienda en alquiler desocupada, no se le garantiza ni un plazo para adjudicarle una, ni si se pudiese adjudicar en el futuro". Esta respuesta, apunta García, "le impide tanto a Faith, como al resto de personas que están en su situación, poder reclamar y manifestar si están conformes o no conformes". Extremo, añadió, que "incumple también con la Constitución". "Dejan a las personas que están solicitando una vivienda de emergencia totalmente inmovilizadas, indefensas", apuntó.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca exige una solución "inmediata". A través del recurso, presentado ayer, reclaman la tramitación de la solicitud de Faith en el Principado. También exigen la dimisión de Fermín Bravo y la puesta en marcha de una mesa de trabajo para analizar la situación actual de la vivienda en la región.