El Montepío de la Minería ve "injusto" que la entidad pueda acabar como responsable civil subsidiario del "caso Hulla", el proceso judicial abierto por el desvío de fondos mineros para la construcción de la residencia de mayores de Felechosa y en el que los principales implicados son el exlíder minero José Ángel Fernández Villa, y su número dos y expresidente del Montepío, José Antonio Postigo. La entidad, tras conocer el auto de la magistrada que les retira de la acusación particular, aseguró ayer que "continuaremos nuestra acción judicial en defensa de los intereses de la mutualidad".

"No podemos aceptar un hecho injusto por supuestas acciones delictivas cometidas por personajes concretos, de espaldas a los propios mutualistas -en clara alusión a Villa y Postigo-", señaló ayer la mutualidad, que quiso medir mucho sus palabras. La situación es muy delicada, ya que en el actual escenario judicial una hipotética condena a Villa y Postigo podría terminar recayendo en la mutua si estos se declarasen insolventes . Así, la actual dirección explica su situación de la manera más simple posible: "Tiene que mediar una sentencia judicial firme que condene y declare como responsables directos a los investigados, y sólo en caso de insolvencia, se aplicaría esta responsabilidad civil". Ala vista de lo que hasta ahora se conoce, el citado desenlace no parece inverosímil. De momento, existe un recurso presentado por la mutualidad ante la Audiencia Provincial donde se pone de manifiesto, entre otras cuestiones, "la prescripción de uno de los muchos delitos investigados". En concreto, la entidad se refiere al delito de fraude de subvenciones. "Si este delito está prescrito, lo cual debería de apreciarse, en su caso, incluso de oficio por el propio juzgado y la Fiscalía, no existiría esa responsabilidad para el Montepío, de verse afectado indirectamente en su patrimonio". En este razonamiento queda patente que la suerte de la mutua, en parte, puede correr paralela a la de los acusados.

La entidad alega que la revocación de la acusación particular, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, "se da por defender los intereses y el patrimonio de los mutualistas, obligación inexcusable de los dirigentes de la entidad". Y es que si finalmente hubiera una dura condena y el Montepío tuvieron que hacerse cargo de ella como responsable civil estaría abocado a su desaparición.