El documento de tasas e impuestos de Izquierda Unida (IU) de Mieres es sencillo: mantener por cuarto año la congelación de las tasas, además de rebajar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) -de un tipo 0,926 a 0,877-. Esta segunda medida, según el equipo de gobierno, responde a "la necesidad de rebajar los pagos que afrontan los vecinos tras la revisión catastral del Gobierno central". Afirmación que no sentó nada bien al PP, aunque no despertó la crítica más voraz de los populares. Junto al PSOE (Somos no tomó la palabra), denunciaron en el pleno "el rodillo" de la mayoría absoluta de IU. "La propuesta se nos presentó el jueves, el viernes por la mañana fue la comisión y el lunes (por ayer) es el pleno. No hemos negociado nada", afirmaron.

Las bonificaciones de la propuesta, que salió adelante sólo con el voto de Izquierda Unida, no terminan en la ayuda a las empresas para su implantación en Mieres. El Ayuntamiento también deducirá el 50 por ciento de la cuota del impuesto sobre vehículos con motor eléctrico y el 25 por ciento para los híbridos. Se mantienen exenciones en las tasas de servicios básicos para los vecinos con pocos recursos. Estos son agua, basura, alcantarillado, escuela de bebés y servicio de ayuda a domicilio, entre otros.

"Llevamos más de un año haciendo propuestas que no se han tenido en cuenta o, si se han tenido, el gobierno local se las ha atribuido", afirmó Gloria Muñoz, portavoz socialista. Como ejemplo, afirmó que la bajada del tipo del IBI fue una iniciativa socialista aprobada en el pleno. Además, acusó al gobierno local de "presumir de no gastar, pero lo que no dicen es que no están ofreciendo servicios de calidad". Las consecuencias, apuntó, "las están pagando todos los vecinos". No obstante, destacó que lo que más ha molestado al PSOE de las tasas para 2018 es "la forma" -en la referencia a la falta de negociación- y no el contenido de la propuesta.

José Manuel Rodríguez afirmó que Mieres "tiene la carga impositiva más alta entre el resto de municipios similares de la región". Además, matizó que la revisión catastral en el municipio, que abordó el Gobierno central, "respondía a una propuesta de los ayuntamientos".