El movimiento vecinal del Alto Aller, junto con el tejido hostelero, pidió ayer a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo, que dirige la investigación del "caso Hulla", que "persiga" a los responsables de las irregularidades que, según la Fiscalía, hubo en el desarrollo de la obra del geriátrico de Felechosa, pero "garantizando la continuidad" del complejo. La protesta reunió a unas cien personas. Los portavoces de las asociaciones ciudadanas remarcaron que un hipotético cierre de la residencia impulsada por el Montepío de la Minería sería "demoledor" para la zona. El presidente de la entidad, Juan José Pulgar, se mostró agradecido con la muestra de apoyo y aseguró que la iniciativa "nos da energía y fuerza". Dicho esto, lamentó que la Fiscalía, según apuntó, esté "obsesionada" con "quedarse con la residencia ante la posibilidad de no encontrar el dinero que se llevaron los acusados". En este punto se refirió, sin citarlos, al antiguo líder del SOMA, José Ángel Fernández Villa, y a José Antonio Postigo, expresidente del Montepío.

Alrededor de un centenar de personas participaron ayer en la protesta que convocaron las asociaciones vecinales y hosteleras del Alto Aller: "No aceptamos que se ponga en peligro este proyecto. La actual dirección del Montepío no tiene nada que ver con la anterior y pedimos a la justicia que condene a quien haya adulterado el proyecto de obras, el que la hizo que la pague; la decisión última no debe poner en peligro el proyecto social y el empleo del centro".

La amenaza que se cierne sobre el Montepío y su residencia geriátrica viene motivada por la retirada de la condición de acusación particular en el "caso Hulla", en el que se investiga el presunto desvío de fondos públicos de la construcción de la residencia y en el que los principales investigados son los citados Fernández Villa y Postigo. De este modo, se abre la puerta a que el Montepío se convierta en responsable civil subsidiario, lo que podría poner en peligro la continuidad de la entidad en el caso de que los implicados fuesen condenados a devolver el dinero y se declarasen insolventes.