El Principado alertó ayer de que el cierre de la térmica de Lada puede traer consigo unos graves efectos colaterales. Junto al duro golpe que la clausura tendrá sobre el empleo directo y, por extensión, sobre el municipio langreano, el presidente del Principado, Javier Fernández, advirtió de otra consecuencia: el encarecimiento del recibo de la luz, lo que podría suponer un fuerte impacto para la gran industria asturiana. "Estamos en una comunidad en la que el precio de la electricidad es determinante para la continuidad de sus empresas", señaló. Las palabras del líder del Ejecutivo regional llegan unas horas después de mantener una reunión en Madrid con el ministro de Energía, Álvaro Nadal; el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; y el máximo responsable de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. En el encuentro la compañía no cedió y aseguró que mantendrá el cierre, aunque está dispuesta a retrasarlo tres años, hasta 2020.

Por la forma en que está diseñado el mercado energético español, señaló Javier Fernández, el efecto sobre la factura de la luz de grandes consumidores como Alcoa, Asturiana de Zinc (Azsa) o Arcelor-Mittal puede ser considerable. "España es un país que no está conectado con el resto de Europa, no llega energía barata desde Francia, y no hay intención por parte de la UE de ampliar esas conexiones", explicó el presidente regional, "por tanto, tenemos empresas en Asturias que están compitiendo en mercados mundiales y, sin embargo, la energía la tienen que adquirir aquí, en un mercado local".

Algunas de estas compañías, como es el caso de Alcoa, ya han amagado en alguna ocasión con trasladar sus instalaciones fuera de Asturias debido a los altos costes energéticos que tienen que pagar cada mes. Con las últimas subastas eléctricas las aguas entre estas grandes multinacionales asentadas en la región se habían ido calmando, pero el Principado considera que el debate podría volver a reabrirse como consecuencia del cierre de Lada.

Fernández aseguró que es ahora el Ejecutivo nacional el que tiene en su mano el poder evitar que las calderas y las chimeneas de la térmica de Lada se apaguen. "El Gobierno tiene no solamente el derecho sino la obligación de, a través de su regulación de la política energética, procurar evitar que se cierren aquellas centrales que traigan como consecuencia un encarecimiento de la energía", destacó. El Ministerio de Energía ha impulsado un decreto para regular el cierre de estas instalaciones y ampliar los criterios a la hora de autorizar a las compañías la clausura de estas térmicas, pero de una forma más pausada.

El propio ministro Álvaro Nadal explicó, tirando de cifras, que el cierre de Lada podría suponer un incremento de la factura eléctrica para los consumidores domésticos de dos euros y medio al año, y en algunos picos, durante el invierno, el encarecimiento podría llegar al 15%.

El Gobierno nacional, el asturiano y el de Castilla y León han hecho piña para reclamar a la compañía que saque a subasta las plantas térmicas de Lada y la de Velilla. "El Ejecutivo dirige la política energética y, a mi juicio, tiene también capacidad para pedir que se subasten esas centrales por el interés energético del país", aseguró Fernández.